Presupuesto 2026 y reforma laboral: el ajuste del Gobierno llega al Congreso

El Gobierno nacional avanza en el Congreso con el tratamiento del Presupuesto 2026, en lo que representa el primer proyecto de este tipo impulsado por la actual gestión. Tras obtener dictamen de mayoría con el acompañamiento de gobernadores aliados, la iniciativa será debatida en la Cámara de Diputados, en un contexto de fuerte discusión política y social.

El oficialismo busca aprovechar el envión parlamentario para profundizar su agenda de ajuste y reformas estructurales. En ese marco, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, impulsa la posibilidad de incluir el Presupuesto también en la sesión prevista para el viernes 26, cuando el Senado debatirá el proyecto de reforma laboral promovido por el Ejecutivo.

El dictamen del Presupuesto generó sorpresa y rechazo en sectores de la oposición, ya que incorpora la derogación de dos leyes sensibles: la de Financiamiento Universitario y la de Emergencia en Discapacidad. Ambas normas habían sido aprobadas por el Congreso, vetadas posteriormente por el Gobierno y luego ratificadas por ambas cámaras legislativas.

Además, el proyecto presupuestario elimina el mecanismo de actualización automática de las asignaciones familiares y de la Asignación Universal por Hijo, otorgando al Poder Ejecutivo mayor discrecionalidad en el manejo de esos recursos. Según advierten legisladores opositores, esta modificación implica un recorte indirecto en ingresos clave para millones de familias.

Otro de los puntos cuestionados es la restricción al régimen de zonas frías, que hasta ahora permitía tarifas diferenciales de gas para regiones con condiciones climáticas adversas. La modificación impactaría en amplias zonas del país, especialmente en sectores de menores ingresos.

El debate del Presupuesto 2026 se da en paralelo con la discusión de la reforma laboral, configurando un escenario de alta tensión política. Para la oposición, el paquete de medidas expresa un modelo de ajuste fiscal profundo con consecuencias directas en educación, políticas sociales y derechos laborales. Desde el oficialismo, en cambio, sostienen que se trata de reformas necesarias para ordenar las cuentas públicas y avanzar con el programa económico del Gobierno.