Sin derechos laborales ni soberanía.

Temores de militarización en el marco de la reforma laboral

El debate sobre la posible reforma laboral impulsada por el Gobierno sumó en los últimos días un nuevo eje de preocupación: la eventual militarización del territorio nacional bajo el argumento de reforzar la seguridad.

El anuncio de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sobre el lanzamiento del Plan Paraná, reavivó las alertas entre sectores políticos y sociales que ven detrás de la medida un intento de habilitar la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior.

“El Ejército, con la excusa del combate al narcotráfico, va a estar adentro y se va a dedicar a la represión”, advirtieron algunos legisladores opositores al conocerse la iniciativa. Entre las voces más críticas se destacó la del diputado santafesino Carlos del Frade, referente del Frente Amplio por la Soberanía, quien sostuvo que el plan “busca militarizar el país para imponer la reforma laboral”.

Bullrich presentó el proyecto a comienzos de la semana, definiéndolo como una estrategia para combatir el narcotráfico, la trata y el crimen organizado en la hidrovía que conecta los ríos Paraná y Paraguay. El plan, según explicó, prevé la coordinación entre cinco fuerzas federales —Prefectura, Gendarmería, Aduana, Migraciones y Policía Federal— junto con las provincias de Chaco y Corrientes, además de la instalación de un centro de comando estratégico en la Isla del Cerrito, en territorio chaqueño.

La ministra aseguró que el objetivo es “recuperar el control total de los 3.400 kilómetros del corredor fluvial, con presencia permanente de fuerzas y tecnología de última generación”. Sin embargo, el anuncio careció de detalles sobre la cantidad de efectivos y los recursos materiales que se desplegarán, lo que alimentó las sospechas sobre el verdadero alcance del operativo.

Del Frade, reconocido por su trabajo de investigación sobre narcotráfico y economías ilegales en el litoral, cuestionó el trasfondo político y geopolítico del plan, al que considera una maniobra que trasciende el ámbito de la seguridad fluvial. “El discurso que define a la hidrovía como la ‘autopista del crimen’ es funcional a un cambio legal de fondo: lo que buscan es abrir la puerta al uso de las Fuerzas Armadas en seguridad interior”, advirtió.

La preocupación por un eventual corrimiento de los límites entre defensa y seguridad interna se superpone, así, con el creciente malestar sindical por la reforma laboral. En ese marco, la coincidencia temporal entre ambos debates —el laboral y el de seguridad— profundiza la percepción de un endurecimiento del clima político y social en vísperas del nuevo ciclo legislativo.

Militarización, reforma y control social

Para el diputado santafesino Carlos del Frade, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich “sobreactúa la necesidad de involucrar al Ejército en tareas internas”, una decisión que —según interpreta— responde a la intención de garantizar el control social ante las eventuales protestas que podría desatar la reforma laboral impulsada por el Gobierno.

Del Frade sostiene que el control de los ríos y la militarización del litoral están ligados a intereses estratégicos de Estados Unidos, y recuerda que tanto Paraguay como Argentina ya cedieron soberanía operativa al Comando Sur. En esa línea, advierte que, tras las elecciones, Washington buscará profundizar su influencia económica y política en la región, independientemente del signo del gobierno local. “Más allá de Milei, Estados Unidos va a seguir con su política de saqueo, y para eso necesita avanzar sobre distintos frentes. Uno de ellos es la demolición del derecho laboral argentino”, afirmó el legislador.

El diputado anticipa además un escenario de conflicto social ante los efectos de las reformas. “Habrá despidos y desocupación, y frente a eso, el Ejército —bajo la excusa del combate al narcotráfico— estará dentro del país, listo para reprimir”, advirtió.

Del Frade también calificó de “hipócrita” el discurso oficial que presenta el tráfico ilegal por el Paraná como un descubrimiento reciente. “Hace 47 años que los paraguayos llaman a la hidrovía ‘la ruta de la cocaína’. Que Bullrich lo descubra ahora y lo presente como novedad es tratar de ignorantes a los argentinos”, sostuvo con ironía.

El legislador vinculó además el futuro del dragado, el balizamiento y los peajes del río Paraná con los intereses de Estados Unidos, alertando sobre un proceso de privatización estratégica. “La privatización del dragado y del peaje va a quedar en manos de lo que decida Estados Unidos. Hay que despertarse: ya no somos un país independiente”, sentenció.