La relación entre votos y pagos quedó nuevamente bajo cuestionamiento, para convertirse en un mecanismo recurrente de la política.

La denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano sostiene que el Gobierno nacional habría utilizado fondos destinados a obras viales como herramienta de negociación política con las provincias. Según su análisis, los recursos se habrían incrementado de manera significativa en aquellos distritos cuyos legisladores acompañaron, facilitaron o evitaron obstaculizar iniciativas centrales del oficialismo.

El planteo apunta especialmente al Sistema Vial Integrado (SisVial), financiado mediante el impuesto a los combustibles. De acuerdo con la denuncia, unos 1,038 billones de pesos no habrían sido destinados a las obras previstas y fueron derivados al sistema financiero bajo el argumento del equilibrio fiscal.

Los datos presentados por Pagano también señalan una coincidencia temporal entre determinadas votaciones legislativas y el desembolso de fondos a provincias consideradas estratégicas para el Gobierno. En algunos períodos, los pagos a gobernadores aliados habrían aumentado entre un 350% y un 400% respecto del promedio habitual, alcanzando transferencias por 68.042 millones de pesos.

Entre los casos mencionados aparecen los días previos y posteriores a la aprobación de la Ley Bases, cuando se liberaron recursos para Santa Cruz, Río Negro y Misiones. También se señala que, durante la votación que permitió sostener el veto al financiamiento universitario, se giraron fondos para obras viales a Tucumán y Misiones, mientras que posteriormente Misiones recibió un desembolso equivalente a todo lo percibido durante el año.

La coincidencia entre fechas de votaciones, apoyos legislativos y transferencias de recursos constituye el principal elemento de la denuncia. Si estas vinculaciones fueran comprobadas judicialmente, el caso plantearía un grave cuestionamiento al uso de fondos públicos y a la transparencia de las negociaciones entre el Gobierno nacional y las provincias. Por ahora, se trata de denuncias que deberán ser investigadas y respaldadas con pruebas para determinar si existió efectivamente un mecanismo sistemático de intercambio entre apoyo político y recursos estatales.

El análisis presentado por la diputada Marcela Pagano sostiene que la concentración de fondos viales alrededor de determinadas votaciones legislativas se habría repetido durante 2025 y 2026. Según sus cálculos, en las denominadas “ventanas” de tres días previas, durante y posteriores a las votaciones se concentró el 35,3% de los pagos realizados en todo el año en apenas diez jornadas.

Durante 2025, distintos debates legislativos estuvieron acompañados por importantes transferencias a provincias. Tras la votación del acuerdo con el FMI se distribuyeron $6.596 millones, mientras que durante el tratamiento de Ficha Limpia se asignaron otros $7.895 millones. También se registraron desembolsos vinculados temporalmente con la reforma del régimen de DNU y con la aprobación del Presupuesto 2026.

El mismo patrón, según la denuncia, habría continuado en 2026. La media sanción de la Reforma Laboral y el Régimen Penal Juvenil estuvo acompañada por giros de $17.139 millones, mientras que durante el debate de la Ley de Glaciares se detectaron otros $12.551 millones. También se contabilizaron $14.096 millones en pagos durante el tratamiento de los proyectos de Ley Hojarasca y Zonas Frías.

Uno de los casos destacados es el de Misiones, donde la denuncia identifica una sucesión de apoyos o abstenciones legislativas seguidos por transferencias de fondos. Sin embargo, Pagano reconoce que la coincidencia temporal entre una votación y un pago no demuestra por sí misma la existencia de un acuerdo político. Para comprobarlo, considera necesario comparar las fechas de exigibilidad de cada pago con las fechas efectivas de los desembolsos y revisar la documentación oficial.

La denuncia también advierte que los recursos no siempre fueron recibidos directamente por las vialidades provinciales, sino que en algunos casos fueron destinados a empresas contratistas. Por ello, se reclama verificar las certificaciones de obra y comprobar que los trabajos financiados efectivamente se hayan realizado.

El punto central de la investigación es determinar si los desembolsos respondieron a necesidades y obligaciones previamente establecidas o si fueron utilizados como herramienta de negociación política. De comprobarse esta última hipótesis, el caso implicaría un serio cuestionamiento al manejo de fondos públicos y a la transparencia de las relaciones entre el Gobierno nacional y las provincias.