La mesa política del Gobierno nacional mantuvo una extensa reunión para revisar la estrategia legislativa luego del resultado adverso que sufrió el oficialismo en el Senado. Durante casi tres horas, Karina Milei encabezó un encuentro en el que participaron funcionarios, legisladores y dirigentes del espacio, con especial atención puesta en los proyectos que deberán avanzar en el Congreso.
La convocatoria incluyó al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, señalado internamente como uno de los responsables del fracaso de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada. Según trascendió, el objetivo fue revisar el calendario parlamentario y establecer prioridades.
Más allá de la explicación formal de la reunión, el mensaje político habría sido claro: algunos proyectos impulsados por Sturzenegger perderán prioridad, especialmente aquellos que generan mayor resistencia política y social. Por el momento, el oficialismo concentraría sus esfuerzos en iniciativas como la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la modificación del sistema electoral, mientras que el proyecto referido al mercado de capitales sería el principal de la agenda de Desregulación.
Un tropiezo que encendió las alarmas
La derrota legislativa encendió una señal de alerta dentro de la Casa Rosada. El hecho de que varios gobernadores, incluso algunos considerados aliados, no acompañaran la iniciativa oficialista mostró que el Gobierno no tiene garantizada una mayoría parlamentaria estable.
La preocupación no se limita a una ley puntual. En el oficialismo existe temor de que el episodio se convierta en un antecedente para futuras votaciones y obligue al Ejecutivo a negociar con mayor intensidad antes de enviar nuevos proyectos al Congreso.
Desde sectores cercanos a los gobernadores surgió además una crítica política: presentar iniciativas que generan fuerte rechazo social puede dificultar todavía más que los mandatarios provinciales decidan acompañarlas. La estrategia oficial, según esta mirada, debería evitar proyectos que impliquen un costo político elevado y concentrarse en aquellos capaces de generar acuerdos.
Sturzenegger conserva el respaldo presidencial
A pesar del traspié, el Gobierno salió a respaldar públicamente a Sturzenegger. El vocero presidencial Adrián Ravier lo definió como una figura central de la administración y destacó las numerosas medidas de desregulación impulsadas durante la gestión.
El respaldo, sin embargo, convive con una decisión política significativa: reordenar las prioridades legislativas y postergar algunas de las iniciativas más controvertidas del ministro.
Esto muestra una tensión dentro del propio Gobierno entre la voluntad de profundizar el programa de reformas y la necesidad de construir consensos parlamentarios suficientes para evitar nuevas derrotas.
Los gobernadores condicionan el apoyo
Mientras la Casa Rosada intenta reorganizar su agenda, varios gobernadores buscan introducir modificaciones a los proyectos que consideran prioritarios.
Uno de los casos más relevantes es la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Los mandatarios provinciales plantean, entre otras cuestiones, una mayor representación federal en su directorio y reclaman que cualquier utilización de títulos públicos para integrar encajes bancarios se determine mediante criterios técnicos de solvencia, liquidez, plazo y riesgo.
El reclamo refleja una preocupación concreta: evitar que las modificaciones al Banco Central terminen favoreciendo automáticamente al Tesoro nacional en detrimento de las provincias.
La disputa por las Zonas Frías
Otro foco de negociación es el régimen de Zonas Frías. El Gobierno analiza modificaciones al esquema vigente y plantea compensarlas con una futura legislación para las denominadas “zonas cálidas”.
Los gobernadores, sin embargo, expresan desconfianza respecto de la capacidad financiera de la Nación para cumplir con esos compromisos. El problema de fondo es fiscal: las provincias consideran que el Gobierno tiene un margen cada vez menor para ofrecer compensaciones mientras sostiene el ajuste y enfrenta una recaudación debilitada.
Una agenda condicionada por la falta de consensos
La reunión encabezada por Karina Milei deja en evidencia que el Gobierno enfrenta un desafío que va más allá de redactar y presentar proyectos: necesita construir mayorías para aprobarlos.
El revés en el Senado funcionó como una advertencia. La estrategia de avanzar rápidamente con reformas estructurales puede chocar con una realidad parlamentaria en la que los gobernadores tienen capacidad para bloquear o modificar las iniciativas oficiales.
El oficialismo deberá ahora encontrar un equilibrio entre mantener su programa de reformas y negociar con actores políticos que reclaman cambios, mayor representación federal y garantías de cumplimiento.
En definitiva, el problema ya no es solamente qué quiere aprobar el Gobierno, sino qué está dispuesto a negociar para conseguir los votos necesarios. Si la Casa Rosada no logra ordenar esa relación con las provincias, el fracaso de una iniciativa puede dejar de ser un episodio aislado para convertirse en un límite estructural a su capacidad legislativa.
