Rutas abandonadas y fondos viales bajo cuestionamiento: el Gobierno admite un uso distinto de los recursos.

La situación de las rutas nacionales sumó un nuevo capítulo judicial luego de que la Justicia Federal ordenara al Estado nacional “la inmediata y urgente reparación integral” de las rutas 7, 8 y 33 en el sur de Santa Fe.

El fallo del juez federal de Venado Tuerto, Aurelio Cuello Murúa, pone en evidencia el deterioro de una red vial utilizada diariamente por trabajadores, estudiantes, pacientes y transportistas. Además, incorpora una definición contundente: frente al abandono de las rutas, la responsabilidad de garantizar su mantenimiento continúa siendo del Estado nacional, aunque las obras puedan ser ejecutadas por Vialidad Nacional, otros organismos o empresas concesionarias.

Un fallo que expone el deterioro vial

La resolución describe un escenario de riesgo para quienes circulan por las rutas del departamento General López y considera que la falta prolongada de mantenimiento habría vulnerado derechos fundamentales.

Entre las deficiencias señaladas aparecen el deterioro de la calzada, la falta de conservación y hasta la ausencia de tareas básicas como el corte de pastos, que en algunos sectores habría llegado a ocultar guardarraíles y cartelería.

El problema adquiere una dimensión económica además de vial. Estas rutas son utilizadas para transportar la producción de distintas provincias hacia el puerto de Rosario y, durante la época de cosecha, el tránsito de camiones puede alcanzar volúmenes extraordinarios.

Para la senadora bonaerense Leticia Di Gregorio, quien impulsó el reclamo judicial, el estado de las rutas llegó a un punto crítico y representa un riesgo cotidiano para las comunidades que dependen de ellas.

La discusión por los fondos

El conflicto judicial coincide con una fuerte controversia sobre el destino del Impuesto a los Combustibles.

El vocero presidencial Adrián Ravier reconoció que una parte de esos recursos se destina a Vialidad, mientras que otra es administrada por el Ministerio de Economía dentro de la estrategia oficial de equilibrio fiscal.

Esa declaración alimentó cuestionamientos de organizaciones gremiales y dirigentes opositores, que sostienen que los recursos recaudados con una finalidad vinculada a la infraestructura vial deberían destinarse a ese objetivo.

El Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA) afirma haber obtenido, mediante un pedido de acceso a la información, documentación oficial que demostraría que parte de esos recursos fue colocada en instrumentos financieros. El gremio presentó una denuncia ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas y analiza unificarla con otra denuncia realizada por la diputada Victoria Tolosa Paz.

Aquí aparece uno de los principales puntos de discusión: si el Estado recauda fondos asociados a una finalidad específica, ¿puede destinarlos temporalmente a otros instrumentos para sostener el equilibrio fiscal? La respuesta requiere analizar el marco legal que regula cada fondo y el destino obligatorio de los recursos, algo que deberá determinarse institucionalmente y no solamente mediante declaraciones políticas.

Déficit cero versus infraestructura

El Gobierno justifica su política económica en la necesidad de alcanzar y sostener el equilibrio fiscal. Ravier argumentó que la administración recibió una situación fiscal crítica y que disponer de recursos para infraestructura en ese contexto resulta complejo.

Pero el deterioro de las rutas plantea el otro lado de la ecuación: el ajuste fiscal también tiene costos cuando implica postergar infraestructura esencial.

Una ruta deteriorada no representa únicamente un problema de tránsito. Puede aumentar los accidentes, encarecer el transporte, perjudicar a las economías regionales y dificultar el acceso de las poblaciones a servicios básicos.

Por eso, el debate no debería limitarse a la oposición entre “déficit cero” y “obra pública”. La cuestión central es determinar qué obligaciones debe cumplir el Estado incluso dentro de un programa de ajuste y cuáles son las consecuencias económicas y sociales de no hacerlo.

Vialidad, cada vez más condicionada

Desde el sindicato también cuestionaron una reciente disposición que obliga a los distritos provinciales de Vialidad Nacional a devolver a la administración central los fondos que no utilicen y solicitar posteriormente recursos específicos para determinados gastos.

Según STVyARA, esta centralización podría dificultar la respuesta inmediata frente a desperfectos, reparaciones de maquinaria o necesidades operativas.

El planteo vuelve a poner en discusión el futuro del organismo y su capacidad para responder directamente en cada provincia. Para el gremio, el proceso implica un progresivo debilitamiento de la estructura de Vialidad.

Un conflicto que ya no es solamente político

La orden judicial modifica el escenario porque obliga al Estado a responder frente a una situación concreta: rutas nacionales deterioradas y consideradas peligrosas para quienes las utilizan.

Al mismo tiempo, las declaraciones oficiales sobre el destino de los fondos abrieron un debate sobre la utilización de recursos vinculados a la infraestructura vial.

La discusión deberá avanzar ahora por dos caminos: la reparación urgente de las rutas y la determinación precisa de cómo se administraron los recursos recaudados para ese fin.

Las acusaciones de “robo” o “desvío ilegal” constituyen posiciones políticas o denuncias que deberán ser acreditadas en las instancias correspondientes. Lo que sí resulta verificable es que existe un conflicto por el estado de las rutas, una orden judicial de reparación y un reconocimiento oficial de que no todo lo recaudado se destinó directamente al mantenimiento vial.

En ese contexto, la pregunta de fondo es inevitable: ¿puede el Estado sostener el equilibrio fiscal mientras posterga obligaciones básicas de infraestructura sin trasladar el costo del ajuste a quienes circulan por rutas cada vez más deterioradas?