Un exfuncionario citado a declarar reconoció la existencia de sobrecostos en la compra de medicamentos y acuerdos irregulares con determinadas droguerías, confirmando prácticas que comprometen la transparencia en la gestión pública.

Mientras Diego Spagnuolo buscó este lunes desacreditar la investigación con un peritaje privado que sostiene que los audios fueron editados y manipulados —grabaciones en las que, según la acusación, describe una presunta red de corrupción en la ANDIS y el reparto de porcentajes hacia la Casa Rosada—, en Comodoro Py declaraba un funcionario clave del organismo. Roger Edgar Grant, primer indagado en romper el pacto de silencio, respondió preguntas y avaló la hipótesis del fiscal Franco Picardi: que las compras de medicamentos de alto costo a un grupo reducido de droguerías habrían estado direccionadas, incluyendo pagos y supuestos sobreprecios. Según pudo reconstruir este medio, Grant señaló a su entonces superior, Daniel Garbellini, afirmando que actuaba siguiendo sus instrucciones.

Grant buscó deslindar su responsabilidad señalando a su superior. Explicó que fue Garbellini quien lo incorporó a la ANDIS —donde asumió el 11 de junio de 2024 como Coordinador de Gestión de Urgencias— y con quien ya había trabajado en la obra social OSPSIP. Sin embargo, según la fiscalía y los intercambios de mensajes incorporados a la causa, Grant aparece como un ejecutor directo de las maniobras investigadas. Los chats con Garbellini y con el empresario-lobista Miguel Ángel Calvete muestran que manejaba quiénes podían cotizar, los tiempos de los procesos y los criterios para habilitar o excluir droguerías, cumpliendo instrucciones de su jefe y figurando incluso en los cuadernos de Calvete.

En su declaración, Grant insistió en que acataba órdenes específicas de Garbellini: desde qué droguerías debían darse de alta en el sistema hasta a quiénes adjudicar las compras. En uno de los diálogos citados en el expediente, Garbellini le ordena habilitar una empresa el lunes; Grant responde que ya está cargada para la próxima compulsa y que avanza hacia la adjudicación. En otra conversación, detalla qué droguerías faltaban cotizar y señala que en las “especiales” —compulsas presuntamente armadas para un grupo fijo de firmas— solo cotizaba Génesis S.A., vinculada, entre otros, a Pablo Atchabahian, quien ocupó el rol de Garbellini durante el gobierno de Mauricio Macri. Las otras tres empresas recurrentes eran Profarma S.A., New Farma S.A. y Floresta S.A.

Los cuadernos de Calvete, ligado a varias droguerías, incluyen anotaciones sobre contactos con Grant, como una del 4 de septiembre: “llamar (…) Roger por precios”. Grant declaró que fue su jefe quien se lo presentó. La semana pasada también declaró Eduardo Nelio González, quien, aunque evitó responder preguntas, señaló irregularidades en el accionar de Garbellini. Dijo que había sido aislado en tareas administrativas porque no compartía su forma de trabajar, pese a ocupar un cargo sensible: director Nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas. Reconoció además conocer previamente a Calvete y haber compartido con él una sociedad comercial, mostrando un entramado de vínculos reducido.

Para este martes están previstas nuevas indagatorias. Declarará Luciana Ferrari, exdirectora de Prestaciones Médicas (2018-2019), quien al momento de la investigación trabajaba en Laboratorios Roche y mantenía una clave activa para acceder al sistema de la ANDIS. También será interrogado Federico Santich, gerente y accionista de Profusión SRL, presuntamente vinculado a Profarma S.A., y cuyos mensajes con Calvete indicarían transferencias millonarias relacionadas con esa firma.

Los audios que involucran a Spagnuolo —origen de la denuncia que dio impulso a la causa como noticia criminis— ya fueron objeto de intentos de nulidad, rechazados por el fiscal Picardi y por el juez Casanello. El tema está ahora en manos de la Sala II de la Cámara Federal. Inicialmente, el planteo de la familia Kovalivker (droguería Suizo Argentina) cuestionaba una supuesta violación a la intimidad, pese a que ellos mismos habían solicitado peritarlos. Con más de tres meses de demora, la defensa de Spagnuolo, encabezada por Mauricio D’Alessandro, sostiene ahora que las grabaciones habrían sido obtenidas de manera ilegal, editadas, manipuladas con IA y acompañadas de escuchas clandestinas. Reconoce, además, que el audio tiene cortes y que no se escucha al interlocutor. Tampoco el peritaje presentado puede confirmar que la voz sea la de Spagnuolo. Aun así, pide excluirlos como “fruto del árbol envenenado” y lograr su sobreseimiento.

Lo cierto es que Picardi no basó su dictamen en esos audios: su acusación —que derivó en 15 indagatorias a exfuncionarios y empresarios— se apoya en documentación de allanamientos, mensajes recuperados de celulares, incluso algunos borrados, y registros bancarios. Las defensas esperan igualmente la decisión de la Cámara, que también debe evaluar, por pedido de los Kovalivker, si existe cosa juzgada por un expediente archivado el año pasado.

El peritaje encargado por la defensa a Miguel Ángel de la Torre Guijarro, especialista en acústica forense y director de la empresa española Graudio Forensics, describe que la grabación tiene tramos en distintos ambientes: primero en un lugar cerrado similar a una cafetería y luego, desde el minuto 1:44, características compatibles con una conversación telefónica. Detecta 18 cortes atribuidos a ediciones intencionales y otros artefactos propios de manipulación. Señala además una supuesta “voz sintética” con un 65% de probabilidad, aunque aclara que la falta de contexto y continuidad impide sacar conclusiones definitivas sobre la presencia de audio generado por IA.

En síntesis, el peritaje parece servir más como estrategia defensiva que como un elemento capaz de revertir la situación procesal de Spagnuolo, tal como intenta su abogado.