El juez Hugo Decaria dictó el procesamiento con prisión preventiva del oficial Darián Gastón Miño por homicidio agravado. La resolución descartó la legítima defensa y expuso un presunto encubrimiento policial que será investigado.
Procesaron con prisión preventiva al policía acusado de asesinar a González en Villa Lugano
El juez Hugo Decaria resolvió procesar con prisión preventiva al oficial de la Policía de la Ciudad Darián Gastón Miño, acusado de haber asesinado a Juan Gabriel González el 25 de diciembre al mediodía en el barrio porteño de Villa Lugano. En su fallo, el magistrado descartó de manera categórica que el hecho pueda encuadrarse como legítima defensa, disparos disuasivos o cualquier otra justificación vinculada a la denominada doctrina Chocobar.
La resolución judicial sostiene que González fue ejecutado a quemarropa en la puerta de su vivienda, y desarma por completo la versión inicial presentada por la fuerza, que intentó instalar el hecho como una violenta discusión vecinal con un supuesto ataque a los efectivos. Según el juez, ese relato fue falso y derivará en una investigación paralela por presunto encubrimiento contra otros cinco policías porteños.
La versión policial había buscado incriminar a Nelly Portillo, pareja de la víctima; a su hijo, Dante González; y a su amigo, Néstor Chávez. Los tres fueron detenidos y acusados de homicidio en riña, pese a haber resultado heridos durante el operativo. Sin embargo, el fiscal Edgardo Orfila logró demostrar la falsedad de esas imputaciones, y el juez los sobreseyó en la misma resolución en la que procesó a Miño.
Un fusilamiento
De acuerdo con el fallo, Miño disparó una escopeta calibre 12 a menos de cinco metros de distancia contra el cuerpo de González, impactando munición metálica en la zona derecha del abdomen. La autopsia determinó que la muerte se produjo como consecuencia de hemorragias internas y externas provocadas por múltiples lesiones en el tórax y el abdomen.
El cuerpo de la víctima presentaba un orificio de aproximadamente 14 centímetros de diámetro, y durante la autopsia se halló el taco metálico del cartucho dentro del estómago, además de nueve postas metálicas alojadas en distintos órganos. La Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), que representa a la familia, destacó que los registros audiovisuales obtenidos por vecinos fueron determinantes para reconstruir lo sucedido y desmentir la versión oficial.
Las imágenes muestran con claridad el momento en que Miño apunta y dispara, y cómo González se desploma inmediatamente. Testigos indicaron que la víctima se encontraba descalza, con el torso desnudo y sin portar armas, e intentaba ingresar a su domicilio cuando fue interceptada por un cordón policial.
Durante su declaración, Miño intentó atribuir el disparo a otra agente y aseguró que había efectuado un tiro hacia una chapa con intención disuasiva. El juez rechazó esa explicación y subrayó que el efectivo contaba con entrenamiento específico en el uso de armas, conocía la letalidad de las municiones utilizadas y actuó sin que existiera una agresión ilegítima que justificara su accionar.
La resolución también señala que, al no existir una agresión previa por parte de la víctima, no puede hablarse de exceso en la legítima defensa. Además, el magistrado afirmó que no se utilizó el medio menos lesivo posible, en violación de normas locales e internacionales sobre el uso de la fuerza.
Investigación por encubrimiento
En paralelo, el fiscal Orfila solicitó investigar a otros cinco efectivos por presunto encubrimiento, al considerar que brindaron declaraciones falsas, ocultaron información clave y alteraron el escenario del hecho para desviar la investigación. Según la fiscalía, estas maniobras derivaron en la detención injustificada de familiares y allegados de la víctima.
El juez resolvió avanzar con la investigación sobre el posible encubrimiento policial, mientras Miño permanece detenido con prisión preventiva por el delito de homicidio agravado.
