La inclusión social que el Gobierno intenta postergar

El Gobierno nacional es acusado de apostar al desgaste y al cansancio de las organizaciones sociales y de los comedores comunitarios mediante demoras administrativas y estrategias que obstaculizan su inclusión en el programa Alimentar Comunidad, destinado a garantizar el acceso a alimentos en sectores vulnerables.

Una de las historias que refleja esta situación es la del comedor y merendero Rayito de Sol, ubicado en Salsipuedes, Córdoba. Allí, Analía Morales, trabajadora social, sostiene desde hace años un espacio que asiste a familias en situación crítica. Con recursos mínimos y sin acompañamiento estatal regular, el comedor pasó de alimentar a unas 150 personas a apenas una treintena, dependiendo muchas veces de aportes personales de quienes lo sostienen.

Rayito de Sol integra un listado de 30 comedores que el Ministerio de Capital Humano debía incorporar para cumplir con una medida cautelar dictada en 2024 por el juez Walter Lara Correa, en el marco de un amparo colectivo impulsado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP). La acción judicial se inició luego de que el gobierno de Javier Milei interrumpiera el envío de alimentos a comedores y merenderos, bajo el argumento de eliminar intermediarios y realizar auditorías que, según denuncian las organizaciones, nunca se concretaron de forma adecuada.

La cartera que conduce Sandra Pettovello fue condenada en primera y segunda instancia por el corte en la provisión de alimentos, mientras que la sentencia definitiva se encuentra en análisis de la Corte Suprema. No obstante, la medida cautelar continúa vigente y obliga al Estado a verificar e incorporar a los comedores que se presentan en la causa judicial.

Desde las organizaciones denuncian que el Ministerio intenta esquivar el cumplimiento de la cautelar, incluso durante el receso judicial, y que presentó informes parciales donde desconoce el funcionamiento de varios espacios por haber sido visitados en días en que estaban cerrados. Este fue el caso de Rayito de Sol, que fue inspeccionado durante un fin de semana posterior a las fiestas, cuando no brinda atención habitual.

Tras la difusión de estas irregularidades por Junín Al Minuto, el Ministerio emitió un comunicado en el que cuestionó a las organizaciones demandantes, acusándolas de utilizar la Justicia con fines políticos. Según el CELS y la UTEP, esa comunicación oficial difundió información falsa y buscó justificar el incumplimiento de una orden judicial, además de estigmatizar a las organizaciones sociales.

En presentaciones judiciales posteriores, las entidades denunciaron una conducta de desinformación deliberada, desobediencia institucional y violación del principio de buena fe procesal. Por este motivo, solicitaron que se apliquen sanciones económicas a la ministra Pettovello, cuestión que ahora deberá resolver el juez de la causa.

Desde las organizaciones también advierten que el desmantelamiento del Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios dejó a estos espacios sin reconocimiento oficial, obligándolos a iniciar trámites individuales para ser incorporados a la política alimentaria. A esto se suma una reducción presupuestaria proyectada para el área, que no contempla el impacto inflacionario ni el aumento sostenido de la demanda social.

Referentes territoriales explican que muchas mujeres que sostienen los comedores deben alternar la atención con trabajos informales para subsistir, lo que provoca cierres temporarios que luego son utilizados por el Gobierno para cuestionar su existencia. Mientras tanto, la demanda de alimentos continúa en aumento y los recursos disponibles resultan insuficientes.

Las organizaciones insisten en que estas situaciones no invalidan el carácter comunitario de los comedores, sino que evidencian la urgencia de una intervención estatal efectiva que garantice el derecho a la alimentación de los sectores más vulnerables.