La Iglesia y el Gobierno, otro capítulo de la “batalla cultural”

Las relaciones entre el Gobierno de Javier Milei y el episcopado católico argentino se encuentran en su punto más bajo y reducidas prácticamente a intercambios institucionales. Desde la Iglesia, distintos obispos vienen alertando sobre las consecuencias sociales que generan las políticas oficiales, especialmente en los sectores más pobres y vulnerables.

Durante la campaña presidencial, Milei mantuvo fuertes enfrentamientos discursivos con el papa Francisco, a quien llegó a descalificar públicamente. Con el correr del tiempo y ya en funciones, el mandatario moderó su postura, pidió disculpas y mantuvo un encuentro con el entonces pontífice en el Vaticano. Sin embargo, el distanciamiento con la conducción de la Iglesia argentina nunca se revirtió.

El episcopado local continuó alineado con las orientaciones pastorales de Francisco y luego de León XIV, una línea que se ratificó con la elección de las autoridades de la Conferencia Episcopal Argentina. Tras la presidencia de monseñor Oscar Ojea, asumió el arzobispo de Mendoza, Marcelo Colombo, quien adoptó un perfil más directo en sus declaraciones públicas, con especial énfasis en la defensa de los pobres, las personas con discapacidad y los sectores excluidos. Según expresó en distintas oportunidades, desde el Gobierno “no hay escucha” frente a los planteos de la Iglesia.

En 2025, tras la muerte de Francisco, el Ejecutivo nacional especuló con un posible giro en la orientación pastoral del Vaticano. No obstante, el nuevo papa Robert Prevost reafirmó la centralidad de la opción por los pobres y el respaldo a los movimientos sociales, lo que reforzó la posición de los obispos argentinos.

A lo largo del año, las críticas de la Iglesia se concentraron en los efectos de las políticas sociales y económicas. Desde la Conferencia Episcopal se advirtió que la retirada del Estado deja espacio al narcotráfico, se cuestionó la subordinación de la política a la economía y se sostuvo que el mercado, por sí solo, no garantiza inclusión social ni desarrollo humano integral. También hubo expresiones de solidaridad con trabajadores de la salud, jubilados, universidades públicas y otros sectores afectados.

Mientras tanto, Cáritas, parroquias, capillas y organizaciones de base continuaron con tareas de asistencia en los barrios populares, destacándose el trabajo de los Hogares de Cristo en la contención de jóvenes con consumos problemáticos.

Frente a estas posturas, el Gobierno optó por enfriar la relación. No hubo encuentros directos entre Milei y Colombo desde que este último asumió la presidencia del episcopado. Las comunicaciones se canalizan únicamente a través de la Secretaría de Culto y Civilizaciones de la Cancillería, un ámbito que hoy no funciona como espacio de diálogo efectivo.

En paralelo, el Ejecutivo avanzó con recortes que también afectaron a obras sociales de la Iglesia, sin excepciones, incluyendo a Cáritas. Al mismo tiempo, parte de los fondos destinados a asistencia social comenzaron a canalizarse hacia iglesias evangélicas, en particular aquellas nucleadas en ACIERA, organización que mantiene un vínculo fluido con el oficialismo y firmó convenios para la gestión de comedores comunitarios.

En este contexto, referentes evangélicos cercanos al Gobierno participaron de actos oficiales y expresaron respaldo público a la gestión presidencial, mientras que otras voces del ámbito religioso evitaron alineamientos partidarios explícitos.

Así, la disputa política y cultural impulsada por el oficialismo también se traslada al terreno religioso. La falta de diálogo, el distanciamiento con la Iglesia Católica y el acercamiento selectivo a otros credos configuran un nuevo frente de tensión, donde el Gobierno privilegia el respaldo explícito y responde con recortes y silencios ante las críticas.