La anunciada “segunda etapa” del ajuste estatal no es más que la reiteración de una estrategia conocida.

La Casa Rosada se dispone a abrir la segunda fase del gobierno con cambios ministeriales, la asunción de nuevos legisladores y un paquete legislativo ambicioso: el presupuesto 2026 y las reformas de “segunda generación”. Sin embargo, el tono dominante sigue siendo el del ajuste: bajo el sello de la “motosierra”, el oficialismo proyecta despedir a unos 30 mil trabajadores estatales en las próximas semanas.

Manuel Adorni, jefe de Gabinete y figura clave del círculo de Karina Milei, anunció que encabezará una “auditoría” en todos los ministerios. La etiqueta técnica oculta un objetivo ya decidido: profundizar el achicamiento del sector público y avanzar con recortes de personal sin un análisis transparente del impacto en la capacidad del Estado para cumplir sus funciones.

En este marco, las reformas no aparecen como parte de una planificación integral, sino como un intento de consolidar un modelo de Estado mínimo mediante remociones masivas y apresuradas, más orientadas a exhibir coherencia ideológica que a evaluar las consecuencias institucionales y sociales del desmantelamiento administrativo.

Aunque inicialmente generó resistencia entre los ministros, quedó claro que las “auditorías” anunciadas por Adorni no buscan evaluar la eficiencia del Estado, sino allanar el camino para una nueva ola de despidos. El plan oficial, confirmado por fuentes del gobierno, consiste en reducir un 10% la planta estatal mediante la no renovación de contratos en diciembre. El recorte no solo alcanzaría a ministerios, sino también a organismos estratégicos como INTA, INTI, CONICET, CONEAU, INDEC, ANSES, ARCA, ENACOM y los Medios Públicos, donde incluso se prevé impulsar retiros voluntarios.

La magnitud del ajuste motivó a ATE a adelantar medidas de fuerza previstas para el tratamiento de la reforma laboral. Su titular, Rodolfo Aguiar, cuestionó el argumento fiscal del Gobierno y lo calificó de maniobra ideológica: los contratos estatales representan menos del 0,5% del presupuesto, mientras la deuda externa supera el 25%. La crítica expone una tensión central: el recorte no se justifica por necesidad económica, sino por una visión política que asocia el Estado con gasto prescindible, aun cuando se trata de instituciones esenciales para la producción científica, la estadística pública y la gestión social.

Mientras el Ejecutivo avanza con las “auditorías” que funcionarán como antesala de nuevos despidos masivos, el gobierno encara su recambio en el gabinete. En Seguridad, Alejandra Monteoliva asumirá esta semana en el Salón Blanco, reemplazando a Patricia Bullrich, quien dejó su cargo para ocupar una banca en el Senado. Su renuncia, presentada con agradecimientos a la “doctrina de seguridad y orden”, confirma la continuidad ideológica del área más que un giro de gestión.

En Defensa, en cambio, persisten las indefiniciones. El militar Carlos Presti —designado para suceder a Luis Petri— aún no tiene fecha exacta de jura. Su arribo dependerá de la agenda presidencial y del acto de presentación de los aviones F-16 recientemente adquiridos, cuya puesta en escena se convirtió en un evento político más que militar. La cancelación del viaje de Milei a Estados Unidos reabre la posibilidad de adelantar la ceremonia.

El panorama revela un gabinete en movimiento, atravesado por recortes laborales y reacomodamientos estratégicos, donde las designaciones se ordenan más por la lógica del espectáculo político y la narrativa de poder que por la planificación institucional de cada cartera.

Mientras el Gobierno profundiza su agenda de ajuste y reconfiguración interna, Santilli continúa con su propia diplomacia territorial. Esta semana viajará a Corrientes para reunirse con Gustavo Valdés, uno de los pocos gobernadores con los que aún no mantuvo encuentros y cuyo vínculo con la Casa Rosada permanece tenso, en parte por la apuesta fallida de La Libertad Avanza a un candidato propio en las últimas elecciones provinciales.

Santilli ya logró acercarse a la mayoría de los mandatarios que visitaron a Milei tras los comicios de octubre, aunque aún tiene pendientes encuentros con Pullaro (Santa Fe), Poggi (San Luis), Jorge Macri (CABA) y Ziliotto (La Pampa). En cambio, los gobernadores claramente opositores —Kicillof, Quintela, Insfrán y Melella— quedan fuera de la estrategia, lo que evidencia un mapa político que el oficialismo administra más en clave de afinidades y conveniencias que de diálogo federal.

En la antesala del 11 de diciembre, el oficialismo despliega una intensa “temporada de pases” legislativos para garantizar la aprobación del Presupuesto 2026 y de las reformas de “segunda generación”, diseñadas por el Consejo de Mayo. Estas reformas, orientadas a flexibilizar derechos laborales y habilitar un mayor extractivismo, requieren un Congreso alineado, y esa es la misión central de Santilli, Adorni y los operadores políticos del Gobierno.

Mientras Martín Menem impulsa incorporaciones en la Cámara de Diputados, la Casa Rosada celebra los movimientos de un grupo de gobernadores del norte —y algunos del sur— que buscan conformar un nuevo interbloque capaz de restarle poder a Unión por la Patria. Aunque la maniobra aún no se formalizó, señalan que Raúl Jalil (Catamarca) estaría dispuesto a desprender parte de su bancada peronista.

Con la jura de los 127 legisladores electos en octubre, el tablero político quedará definido y comenzará la disputa real: un oficialismo que intenta construir mayorías a través de negociaciones discretas, incentivos oportunos y reacomodamientos federales, para habilitar un paquete de reformas cuyo impacto estructural excederá la coyuntura parlamentaria.