La justicia federal de Córdoba confirmó la identificación de doce personas desaparecidas durante la dictadura. Los restos fueron hallados en un sector cercano al predio del ex centro clandestino La Perla.
La búsqueda de víctimas de la última dictadura militar volvió a arrojar resultados. La justicia federal de Córdoba informó la identificación de los restos de doce personas que habían sido enterradas en un terreno cercano al predio donde funcionó el centro clandestino de detención conocido como La Perla.
El juzgado federal a cargo de Miguel Hugo Vaca Narvaja se encuentra actualmente realizando las notificaciones correspondientes a los familiares de las víctimas. Las identificaciones fueron posibles gracias al trabajo conjunto del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y del Instituto de Medicina Forense del Poder Judicial de la provincia de Córdoba.
Una vez que las familias sean informadas y se les consulte si aceptan que los datos se hagan públicos, se prevé que el juzgado convoque a una conferencia de prensa para brindar detalles del hallazgo.
El predio de La Perla funcionó como centro clandestino de detención, tortura y exterminio entre 1976 y 1978. Estaba ubicado en terrenos pertenecientes al Tercer Cuerpo de Ejército, sobre la Ruta 20 que conecta la ciudad de Córdoba con Villa Carlos Paz, y operaba bajo el mando del Destacamento de Inteligencia 141.
Según investigaciones del Archivo Provincial de la Memoria, entre 2200 y 2500 personas estuvieron secuestradas en ese lugar, y la mayoría de ellas continúa desaparecida.
Teresa Meschiatti, una sobreviviente que permaneció detenida en ese centro clandestino, dejó un testimonio que describe el funcionamiento del lugar: “Así como en la ESMA se iban para arriba, nosotros nos íbamos para abajo”.
A diferencia de otros centros de detención del país, en Córdoba no predominó la utilización de los llamados “vuelos de la muerte” para hacer desaparecer los cuerpos, sino que se recurrió principalmente a enterramientos clandestinos. Dentro de La Perla se utilizaban expresiones como “los pozos”, “metro ochenta” o “ver crecer los rabanitos desde abajo”, eufemismos empleados por los represores para referirse a los asesinatos y enterramientos.
Las personas que iban a ser “trasladadas” eran separadas del resto de los detenidos. Les colocaban vendas en los ojos, mordazas para impedir que gritaran y les ataban las manos detrás de la espalda antes de subirlas a camiones Mercedes-Benz. De forma irónica y macabra, los represores llamaban a esos vehículos “Menéndez Benz”, en referencia a Luciano Benjamín Menéndez, quien comandaba el Tercer Cuerpo de Ejército.
Durante los primeros meses de la dictadura, los traslados podían incluir hasta 60 o 70 personas al mismo tiempo, según relataron sobrevivientes. Con el paso del tiempo, las operaciones se volvieron más reducidas. Los camiones solían llegar por la tarde, cargar a los prisioneros y regresar al lugar en apenas 20 o 30 minutos, lo que llevó a deducir que los fusilamientos se realizaban dentro del mismo predio militar. Así lo dejó asentado el tribunal oral que investigó la megacausa La Perla.
En mayo de 2004, el teniente coronel Guillermo Enrique Bruno Laborda presentó un reclamo formal por no haber sido ascendido a coronel. En ese documento reconoció haber actuado en La Perla y participar en tres fusilamientos, incluido el de una mujer que acababa de dar a luz.
En su declaración, también explicó que después de las ejecuciones los cuerpos eran arrojados a pozos y quemados. Además, afirmó haber participado en 1979 en la remoción de los cadáveres, poco antes de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al país. Según su versión, los restos fueron extraídos con maquinaria del Batallón de Ingenieros de Construcciones 141, compactados y luego arrojados en cercanías de una salina en La Rioja.
Los trabajos de excavación realizados por el Equipo Argentino de Antropología Forense en una zona delimitada de La Perla comenzaron el 16 de septiembre del año pasado. Poco tiempo después se encontraron restos óseos humanos, lo que permitió confirmar que el lugar podía contener evidencias clave para avanzar con las identificaciones.
En el comunicado difundido por el juzgado se habla de “resultados parciales”, lo que sugiere que aún se continúa trabajando en la identificación de otras víctimas.
Desde el EAAF también remarcaron la importancia de que las familias de personas desaparecidas actualicen sus datos de contacto para facilitar futuras comunicaciones.
A pocos días de cumplirse 50 años del inicio de la última dictadura militar en Argentina, este hallazgo vuelve a poner en evidencia que, pese al paso del tiempo, las investigaciones continúan avanzando y permiten recuperar parte de la verdad sobre lo ocurrido.
