Dirigentes sindicales del sector industrial exigen mayor acción y cuestionan la estrategia de diálogo de la conducción de la CGT. Abel Furlán apuntó contra los gobernadores por negociar con el Gobierno nacional a costa de los derechos laborales.
Gremios industriales presionan a la CGT y reclaman medidas de fuerza contra la reforma laboral
Los gremios industriales intensificaron la presión sobre la conducción de la CGT para que convoque a un paro y una movilización antes de que el Congreso trate la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional. En ese marco, dirigentes sindicales llamaron a una reunión para definir medidas de fuerza y manifestaron su rechazo a cualquier intento de negociación previa a la votación del proyecto.
Desde el sector sostienen que la reforma es regresiva y perjudicial para los trabajadores, y que debe ser frenada antes de convertirse en ley. El secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Abel Furlán, fue uno de los más críticos y cuestionó duramente a los gobernadores por avanzar en negociaciones con la Casa Rosada. Según afirmó, se estarían intercambiando derechos laborales por obras o fondos nacionales.
En diálogo con Junín Al Minuto, Furlán remarcó que la medida de fuerza debe realizarse antes de que el Congreso apruebe la iniciativa. Señaló que no tiene sentido discutir acciones una vez que el proyecto ya haya sido votado favorablemente y convertido en ley.
Dentro de la CGT existe consenso en cuanto a que la reforma laboral debe ser rechazada, aunque no así en la estrategia a seguir. Mientras la conducción central apuesta al diálogo con gobernadores, legisladores y eventualmente a una judicialización posterior, los gremios industriales consideran que el Gobierno cerró todas las instancias de negociación y que no hay margen para introducir mejoras al texto.
Desde esta postura, referentes sindicales como Ricardo Pignanelli, de SMATA, y el propio Furlán sostienen que la única herramienta posible es el paro. En ese sentido, el dirigente metalúrgico denunció que las negociaciones se están llevando adelante a espaldas de los trabajadores y advirtió que no puede naturalizarse el intercambio de votos legislativos por recursos económicos.
Furlán también ejemplificó el impacto que tendría la reforma en el sector metalúrgico, al señalar que la eliminación de la ultraactividad de los convenios colectivos obligaría a renegociar miles de acuerdos en un entramado mayoritariamente compuesto por pequeñas y medianas empresas, lo que dejaría a los trabajadores en una situación de extrema vulnerabilidad.
Por otro lado, los gremios del transporte no acompañan por el momento la postura de los industriales y consideran que se trata de una decisión unilateral. En contraste, otros dirigentes, como Daniel Yofra, del gremio de Aceiteros, fueron aún más duros con la CGT y criticaron la falta de acción de algunos de sus referentes, a quienes acusó de haber abandonado la huelga como herramienta central de defensa de los derechos laborales.
Desde la conducción de la CGT, el dirigente Jorge Sola advirtió que el contenido del proyecto profundiza la precarización laboral y elimina derechos consagrados constitucionalmente. Sin embargo, evitó pronunciarse sobre la posibilidad de convocar a medidas de fuerza, aunque señaló que, de aprobarse la ley, la Justicia podría declararla inconstitucional.
