El nombramiento revela no solo un reordenamiento administrativo, sino un intento de reconfigurar la memoria institucional del área militar, debilitando políticas de verdad y justicia que el país sostiene desde el retorno democrático.

Aún sin asumir, Carlos Presti ya definió a Guillermo Madero como su jefe de Gabinete en Defensa, una elección que profundiza las inquietudes sobre el rumbo del área. Madero —actual subsecretario y figura celebrada por sectores pro-impunidad— tiene un historial que incluye haber bloqueado pedidos de la Conadi en la búsqueda de bebés apropiados y haber visitado a represores detenidos en Campo de Mayo. Su ascenso refuerza la preocupación generada por el propio Presti, hijo de un represor procesado por secuestros y desapariciones durante la última dictadura.

De origen macrista y cercano a Patricia Bullrich y Guillermo Montenegro, Madero ingresó al Ministerio de Defensa bajo la gestión de Luis Petri, donde ocupó cargos estratégicos y ganó apoyo entre sectores militares retirados. Desde allí impulsó un giro revisionista: en febrero de 2024 se negó a entregar documentación médica requerida por la Conadi, argumentando que el Ejecutivo no debía colaborar con investigaciones, una postura celebrada en redes vinculadas a la agenda negacionista.

Su actuación se inscribe en una ofensiva más amplia: Bullrich descalificó públicamente a la Conadi como “organismo militante” y Milei eliminó la Unidad Especial de Investigación que facilitaba el acceso a archivos para identificar nietos apropiados. A esto se sumó la visita de Madero a represores encarcelados y la posterior decisión de Petri de expulsar a los equipos de relevamiento documental que asistían a la Justicia en causas de lesa humanidad.

La inminente llegada de Madero al cargo de máxima confianza política dentro de Defensa no solo configura una reorientación institucional, sino que amenaza con desmantelar políticas de memoria, verdad y justicia sostenidas durante décadas. Su designación exhibe un avance decidido hacia una reinterpretación del pasado que busca reducir responsabilidades, relativizar crímenes y reescribir el rol del Estado frente al terrorismo de Estado.

Tras conocerse las maniobras dentro del Ministerio de Defensa, el fiscal general Miguel Palazzani pidió preservar el acervo documental vinculado a las causas de lesa humanidad. La reacción en el edificio Libertador fue hostil: Guillermo Madero respondió con un reproche formal al procurador interino Eduardo Casal, alegando que un fiscal no puede dirigirse directamente al Poder Ejecutivo. Casal terminó llamando la atención a Palazzani, pese a que su única preocupación era evitar la pérdida de evidencia clave.

El episodio se suma a una cadena de señales preocupantes. A comienzos de mes, el fiscal Félix Crous denunció al director del Estado Mayor de la Armada por intentar destruir material del Archivo General de esa fuerza. Enmarcó el hecho en un “esfuerzo persistente y coordinado” para obstaculizar la preservación de pruebas de los crímenes de la dictadura, ubicando como primer antecedente la negativa de Madero a entregar legajos solicitados por la Conadi.

El propio Madero reforzó públicamente su visión revisionista. En una columna en Infobae, defendió la idea de una “doctrina Petri” que restituiría un rol protagónico a las Fuerzas Armadas, incluso en seguridad interior, en contraposición a la política impulsada por Nilda Garré. Acusó a las gestiones anteriores de “subordinar” a las fuerzas con una lectura “parcial” de la historia y reclamó una “memoria completa”, un eufemismo habitual de los sectores negacionistas para relativizar los crímenes del terrorismo de Estado. También replicó la narrativa de la “industria de los juicios”, alineándose con discursos de Victoria Villarruel y otros actores que buscan deslegitimar el proceso de justicia iniciado desde 2003.

Treinta y seis fiscales salieron a destacar la importancia de los equipos de relevamiento documental (ERyA), expulsados por Petri, para avanzar en las investigaciones por delitos de lesa humanidad. Su defensa contrasta con la ofensiva del sector que hoy asciende dentro de Defensa.

Mientras tanto, la Casa Rosada presenta la llegada de Carlos Presti —militar en actividad— como el fin de la “demonización” de las Fuerzas Armadas. Para amplios sectores políticos y de derechos humanos, en cambio, implica un retroceso institucional y un mensaje claro: la voluntad de relativizar responsabilidades por secuestros, torturas y desapariciones, pilares de una política de memoria, verdad y justicia que convirtió a Argentina en referente internacional.