Tras la votación del miércoles, los aliados libertarios estallaron contra el oficialismo. Desde el propio espacio reconocen que “se rompieron muchos acuerdos”, lo que derivó en la postergación de la reforma laboral y dejó al descubierto errores políticos de La Libertad Avanza.
El día que el Gobierno quemó los puentes
Envalentonado por el triunfo electoral de octubre, el gobierno libertario decidió avanzar sin concesiones y terminó chocando contra un límite político. Lo que se proyectaba como un período extraordinario favorable para la Casa Rosada —con el Presupuesto aprobado y la media sanción de la reforma laboral— comenzó a desmoronarse en una madrugada marcada por negociaciones frenéticas y rupturas internas.
Mientras el oficialismo hacía concesiones de último momento para evitar el fracaso del capítulo 11 del Presupuesto, que incluía las derogaciones al financiamiento universitario y a la emergencia en discapacidad, desde el propio oficialismo admitían ante Junín Al Minuto que “se rompieron muchos acuerdos”. El desenlace inmediato fue la suspensión del tratamiento de la reforma laboral hasta febrero, un objetivo que el peronismo y la CGT impulsaron desde el inicio y que terminó concretándose por la falta de pericia política de La Libertad Avanza. En paralelo, el colectivo de familiares de personas con discapacidad logró frenar las derogaciones y consolidó una victoria clave.
En poco más de un mes, el Gobierno dilapidó gran parte del capital político acumulado tras las elecciones. A pesar de contar con la primera minoría en Diputados y una mayor gravitación en el Senado, las últimas jornadas expusieron una deficiente gestión parlamentaria. El punto de inflexión se produjo cuando el Ejecutivo decidió incluir en el Presupuesto la eliminación de dos leyes ya sancionadas por el Congreso, vetadas previamente e insistidas con mayorías agravadas. La maniobra fue presentada como parte de la estrategia para sostener el superávit fiscal, pero generó un fuerte rechazo.
Pese a advertencias sobre la posible inconstitucionalidad de la iniciativa —incluso desde espacios aliados como la Coalición Cívica— el oficialismo avanzó sin modificar el dictamen. Convencido de que la primera minoría y el envío de fondos discrecionales a las provincias serían suficientes para imponer su postura, forzó una votación por capítulos e incorporó allí las concesiones negociadas, obligando a respaldar el paquete completo.
La tensión escaló cuando, de madrugada, se propuso sumar al capítulo cuestionado una adecuación de la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires y un refuerzo presupuestario para el Poder Judicial. En ese contexto, comenzaron a circular con fuerza las versiones sobre negociaciones por los cargos en la Auditoría General de la Nación. En un intento por salvar el capítulo, Martín Menem habilitó el acuerdo con el peronismo y el bloque Innovación Federal para avanzar con las designaciones.
Ese movimiento provocó un quiebre con el PRO y con otros aliados. Desde ese espacio advirtieron que acudirán a la Justicia para impugnar lo actuado por considerarlo inconstitucional y cuestionaron la falta de cumplimiento de los compromisos políticos. El malestar también alcanzó a Provincias Unidas, que impulsaba otra candidatura para la AGN.
Según reconoció un diputado durante la madrugada, el peronismo capitalizó la situación: obtuvo lugares en el organismo de control del Estado sin costo político y fortaleció su capacidad de negociación para futuras discusiones, como las vacantes en el Poder Judicial.
Ahora, La Libertad Avanza enfrenta el desafío de recomponer vínculos con sus antiguos aliados si pretende avanzar con la aprobación del Presupuesto, que deberá volver a Diputados con el capítulo 11 reincorporado, y retomar el debate de la reforma laboral. De no lograr la sanción antes de que finalice el año, seguirá vigente —por tercer año consecutivo— el presupuesto heredado del último tramo del gobierno de Alberto Fernández.
Un lobby poderoso y silencioso
En paralelo a las negociaciones políticas, los diputados recibieron una avalancha de llamados y mensajes del colectivo de familiares de personas con discapacidad. La actriz Valentina Bassi relató a Junín Al Minuto que mantuvieron contacto con numerosos legisladores durante más de un día y medio, y que algunas provincias confirmaron su rechazo al capítulo cuestionado.
Los reclamos también llegaron a los gobernadores. Desde el colectivo destacaron la respuesta de mandatarios del norte del país y la articulación lograda en medio de la incertidumbre parlamentaria. Esa red de contactos terminó teniendo mayor impacto que los recursos enviados por la Casa Rosada para sostener su estrategia legislativa y resultó determinante para frenar las derogaciones impulsadas por el Ejecutivo.
