Crece la tensión entre la CGT y el Gobierno por las reformas laborales: un sector anticipa “acciones contundentes”.

La CGT advierte con movilizaciones si avanza la reforma laboral impulsada por Milei

El secretario general de la UOCRA y dirigente de la CGT, Gerardo Martínez, advirtió este domingo que la central obrera está dispuesta a desplegar “movilizaciones y acciones contundentes” si el gobierno de Javier Milei impulsa la reforma laboral que planea enviar al Congreso tras el recambio legislativo del 10 de diciembre.

A la advertencia del dirigente de la construcción se sumó más tarde La Bancaria, el gremio que conduce Sergio Palazzo, que manifestó a través de un comunicado su rechazo a “toda reforma laboral que implique pérdida de derechos” y denunció que la iniciativa oficial “busca destruir el salario”.

Martínez aclaró que la CGT mantiene una vocación de diálogo y se considera “un actor de gestión” dispuesto a debatir propuestas antes que confrontar, pero cuestionó la falta de canales de comunicación con el Gobierno. “No queremos ir al conflicto, pero si se nos cierran todas las puertas y no hay garantías, utilizaremos todas las herramientas para defender nuestros derechos”, afirmó, al referirse a los borradores del proyecto de reforma que circulan en el oficialismo.

El dirigente también criticó los conceptos y fundamentos que promueven algunos funcionarios libertarios bajo la idea de “modernización laboral”, a quienes señaló por su desconocimiento de la realidad sindical. Mencionó de forma directa a Federico Sturzenegger, uno de los impulsores del proyecto: “Los que salen a plantear esto no saben lo que es pagar un salario o discutir un convenio colectivo. Respeto su capacidad intelectual, pero no entienden cómo funciona la relación laboral en la Argentina”, sostuvo en declaraciones radiales.

Martínez además puso en duda nociones como la de “salarios dinámicos” y advirtió: “El hecho de que sea secretario un funcionario no lo convierte en un iluminado”.

Por su parte, La Bancaria difundió un documento aprobado en su plenario de delegados bajo el título “Ni un paso atrás frente al ajuste y la entrega”, en el que ratificó su posición contra el programa económico del Gobierno.

“Frente al avance del Ejecutivo, que intenta imponer una reforma laboral y previsional regresiva, destruir el salario, privatizar la banca pública y aplicar un ajuste sin límites sobre trabajadores y jubilados, reafirmamos nuestro compromiso de lucha, organización y resistencia”, señaló el texto.

El gremio bancario también remarcó su “defensa irrestricta de la banca pública, pilar fundamental del desarrollo nacional”, y cuestionó lo que consideró “la voracidad privatizadora del poder económico”. El comunicado concluye con un llamado a sostener “las organizaciones sindicales como herramienta esencial de resistencia” y a defender “el patrimonio del pueblo argentino”.

Una reforma regresiva

La CGT expresó su creciente preocupación por los lineamientos que contendría la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei, a la que el secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez, calificó como “regresiva”. Según detalló, el borrador incluiría medidas como la implementación de bancos de horas, la introducción de salarios dinámicos y la posibilidad de convenios colectivos por empresa, mecanismos que —advirtió— podrían debilitar la negociación sectorial y alterar la estructura vigente de las horas extra.

El dirigente contextualizó sus críticas en un escenario económico adverso, marcado por la caída del empleo formal y la recesión industrial. “Han quebrado alrededor de veinte mil empresas de distintas actividades. El consumo cae, los bienes transables no son competitivos. La política económica del Gobierno, de abrir las fronteras e inundar el mercado con importaciones, ha generado una recesión importante”, señaló Martínez.

En la misma línea, el ex ministro de Trabajo Carlos Tomada consideró que “de ninguna manera es el momento adecuado para discutir una reforma laboral” en medio de lo que describió como una “destrucción del trabajo” y una recesión profunda.

Tomada sostuvo que este tipo de iniciativas no apuntan a resolver los problemas estructurales de la economía argentina, sino a mejorar la rentabilidad empresaria a costa de los derechos de los trabajadores. El también especialista en derecho laboral criticó la naturalización del concepto de “reforma laboral” como sinónimo de modernización y advirtió que, lejos de formalizar el empleo, la propuesta podría incrementar los niveles de informalidad en un país donde casi la mitad de la fuerza laboral se encuentra fuera del sistema registrado.

“El riesgo es que se intente formalizar la informalidad —explicó—. Antes, un trabajador bajo un contrato de locación podía reclamar sus derechos; ahora, si va a la Justicia, le dirán que su vínculo está amparado por la ley”.