Tras más de dos meses de despliegue federal y alrededor de 4.000 detenciones en el área de Minneapolis–Saint Paul, la Casa Blanca anunció el cierre del operativo especial. El denominado “zar de la frontera” consideró que la intervención arrojó resultados satisfactorios, en medio de cuestionamientos políticos y sociales.
El gobierno de Donald Trump anunció la finalización de la operación federal contra la inmigración irregular desplegada desde diciembre en el estado de Minnesota, luego de semanas marcadas por protestas, tensiones institucionales y episodios de violencia.
La decisión fue comunicada por Tom Homan, designado por la administración como “zar de la frontera”, quien viajó a Minneapolis a fines de enero para asumir la conducción del operativo tras una escalada de conflictividad. En conferencia de prensa, sostuvo que propuso el cierre de la intervención especial y que el presidente avaló la medida.
Según detalló, el repliegue del contingente comenzó esta semana y continuará progresivamente. Los agentes federales serán reasignados a sus destinos originales o trasladados a otras jurisdicciones, aunque un grupo reducido permanecerá temporalmente en el estado para supervisar la transición. Homan aclaró que la aplicación de la legislación migratoria continuará vigente.
Alcance del operativo
La denominada Operación Metro Surge implicó el despliegue de más de 3.000 efectivos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de la Patrulla Fronteriza en el área metropolitana de Saint Paul y Minneapolis, conocidas como las “Ciudades Gemelas”. De acuerdo con cifras oficiales, desde su inicio se efectuaron más de 4.000 detenciones. Las autoridades no precisaron cuántos de los arrestados enfrentan cargos penales vinculados a su situación migratoria.
El gobierno federal indicó que el objetivo central era localizar a personas indocumentadas con antecedentes por delitos graves. Homan afirmó que la operación “dio resultados satisfactorios” y sostuvo que el estado dejó de ser “un santuario para delincuentes”.
No obstante, organizaciones de derechos civiles y dirigentes del Partido Demócrata denunciaron que las redadas fueron indiscriminadas y alcanzaron a personas sin antecedentes, menores de edad y ciudadanos estadounidenses.
Entre los episodios más sensibles se encuentra el caso de un niño ecuatoriano de cinco años que quedó bajo custodia federal durante el intento de arresto de su padre. Ambos fueron trasladados a un centro de detención en Texas y posteriormente liberados de manera provisional por orden judicial, a la espera de un proceso migratorio.
En enero, la muerte de dos ciudadanos estadounidenses durante la represión de protestas intensificó las críticas al operativo. Las autoridades defendieron el accionar de los agentes y aseguraron que actuaron conforme a los protocolos vigentes, mientras que familiares y activistas reclamaron investigaciones independientes.
Tensiones políticas y debate presupuestario
El despliegue federal profundizó el enfrentamiento entre la Casa Blanca y las autoridades estatales y municipales, alineadas con el Partido Demócrata. Minneapolis es considerada una “ciudad santuario”, lo que implica que su policía local no colabora activamente con las agencias federales en la aplicación de la ley migratoria civil.
El alcalde Jacob Frey calificó la operación como “catastrófica” para la comunidad y el entramado comercial, mientras que el gobernador Tim Walz se manifestó “cautelosamente optimista” tras el anuncio del repliegue y advirtió que el impacto económico y social no se revertirá de manera inmediata.
El cierre del operativo coincide con un escenario de alta tensión en el Congreso por la financiación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), del que dependen el ICE y la Patrulla Fronteriza. Legisladores demócratas condicionan su apoyo presupuestario a reformas estructurales en las prácticas del ICE, entre ellas la exigencia de órdenes judiciales para ingresar a domicilios, el uso obligatorio de cámaras corporales y restricciones a detenciones en espacios considerados sensibles, como escuelas o iglesias.
Desde el DHS sostienen que ciertas prácticas operativas, como el uso de máscaras por parte de los agentes, buscan preservar su identidad frente a eventuales hostigamientos. Sectores del Partido Republicano rechazan varias de las propuestas impulsadas por la oposición al considerar que podrían obstaculizar la aplicación de la normativa migratoria.
Aunque el despliegue masivo en Minnesota concluye, la administración Trump ratificó su intención de mantener una política de deportaciones a gran escala en otras ciudades del país y no descartó la implementación de nuevos operativos especiales.
