Israel retirará las licencias a varias ONG que trabajan en Gaza, entre ellas Médicos Sin Fronteras

El gobierno de Israel informó que a partir de enero de 2026 revocará los permisos de funcionamiento de un grupo de organizaciones no gubernamentales internacionales que desarrollan tareas humanitarias en la Franja de Gaza, entre ellas Médicos Sin Fronteras (MSF). La decisión se fundamenta en el presunto incumplimiento de los nuevos requisitos de registro y en sospechas sobre la vinculación de algunos empleados con organizaciones calificadas como terroristas por las autoridades israelíes.

El anuncio fue realizado por el Ministerio de Asuntos de la Diáspora y Lucha contra el Antisemitismo, que precisó que alrededor del 15% de las ONG que actualmente operan en el enclave no renovarán sus licencias. Si bien el gobierno no difundió un número exacto, fuentes oficiales y medios israelíes estiman que la medida alcanzaría a entre 25 y 37 organizaciones.

De acuerdo con el ministerio, las entidades afectadas no presentaron información considerada “completa y verificable” sobre su personal, el origen de sus fondos y su estructura operativa, tal como lo exige el sistema de registro implementado por Israel en marzo de 2025. En el caso de Médicos Sin Fronteras, se señaló que no habría aclarado adecuadamente la identidad y las funciones de personas a las que Israel acusa de mantener vínculos con grupos islamistas palestinos, aunque no se informaron denuncias judiciales formales.

Además de MSF, otras organizaciones internacionales como Oxfam, CARE International, el Consejo Noruego para los Refugiados y el Comité Internacional de Rescate figuran entre las ONG cuyos permisos no serían renovados, según información confirmada por fuentes oficiales.

Las entidades involucradas fueron notificadas de que sus licencias quedarán sin efecto desde el 1 de enero de 2026 y que deberán finalizar sus actividades antes del 1 de marzo. El vocero del Ministerio de Exteriores, Oren Marmorstein, indicó que el proceso de inscripción sigue abierto y que las solicitudes continúan siendo evaluadas bajo el nuevo esquema. Según explicó, el objetivo del régimen es impedir la infiltración de elementos terroristas y preservar la integridad de la ayuda humanitaria.

El nuevo sistema de registro obliga a las ONG a presentar listados completos de su personal —incluidos los trabajadores palestinos—, detallar sus fuentes de financiamiento y transparentar vínculos institucionales. También contempla como motivos para negar permisos la negación del carácter judío y democrático del Estado de Israel, la promoción de campañas de deslegitimación, el apoyo a boicots o el respaldo a acciones judiciales contra fuerzas de seguridad israelíes en tribunales internacionales, como el proceso que enfrenta el primer ministro Benjamín Netanyahu ante la Corte Internacional de Justicia.

Desde el gobierno israelí sostienen que las revisiones de seguridad detectaron la participación de empleados de ciertas organizaciones en actividades consideradas terroristas y remarcan que el nuevo marco busca evitar el uso de la ayuda humanitaria con fines militares o políticos. “La ayuda humanitaria es bienvenida; su utilización con fines terroristas, no”, afirmó el ministro Amichai Chikli.

En contraste, organizaciones humanitarias y agencias internacionales cuestionaron duramente la medida y alertaron que los nuevos requisitos son ambiguos, discrecionales y riesgosos para el personal local. La ONU ya había criticado el sistema de registro por considerar que obliga a las ONG a vulnerar principios esenciales como la neutralidad y la independencia.

Desde Médicos Sin Fronteras señalaron que hasta el 30 de diciembre no habían recibido ninguna notificación formal y advirtieron que una eventual salida de Gaza tendría efectos “devastadores” para la población palestina. La organización recordó que administra cerca del 20% de las camas hospitalarias del enclave y participa en aproximadamente uno de cada tres partos. MSF aseguró que busca alternativas urgentes para continuar brindando atención médica en Gaza y Cisjordania.

La entidad también afirmó que toma con extrema seriedad cualquier acusación sobre posibles vínculos de su personal con grupos armados, pero remarcó que nunca contrataría de manera deliberada a personas involucradas en actividades militares. Además, advirtió que la difusión de acusaciones sin pruebas expone al personal humanitario a mayores riesgos y compromete la atención a la población civil.

Por su parte, el organismo militar israelí encargado de coordinar el ingreso de ayuda humanitaria a Gaza, COGAT, aseguró que la decisión no impactará en el volumen total de asistencia, ya que las ONG sancionadas representarían alrededor del 1% de la ayuda que ingresa al territorio. Según ese organismo, más de 4.000 camiones semanales continuarán entrando a la Franja a través de Naciones Unidas, países donantes, el sector privado y otras organizaciones autorizadas.

COGAT sostuvo además que la negativa de algunas ONG a cumplir con los controles exigidos no responde a cuestiones técnicas, sino que despierta dudas sobre la naturaleza de sus actividades, y anticipó que espera campañas de cuestionamiento contra el gobierno israelí.

Algunas organizaciones explicaron que se resistieron a entregar listados de personal palestino por motivos de seguridad y por restricciones legales vinculadas a la protección de datos, especialmente en países europeos. De acuerdo con cifras de la Defensa Civil del enclave citadas por actores humanitarios, cientos de trabajadores de ayuda han muerto en Gaza desde el inicio del conflicto.

La decisión se enmarca en una escalada de tensiones entre Israel y organismos internacionales. En 2024, el gobierno israelí prohibió a la UNRWA operar en su territorio tras acusar a algunos de sus empleados de participar en el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, acusaciones que la agencia negó y que no derivaron en pruebas judiciales.

En paralelo, Naciones Unidas denunciaron una nueva legislación aprobada por el Parlamento israelí que permitiría cortar el suministro de agua y electricidad a instalaciones de la UNRWA en Gaza y habilitar al Estado a tomar posesión de terrenos utilizados por la agencia. El jefe de la UNRWA, Philippe Lazzarini, calificó la norma como “escandalosa” y parte de una campaña sistemática para desacreditar a la organización. En la misma línea se expresó Filippo Grandi, titular del ACNUR hasta fines de 2025.

Mientras tanto, varios gobiernos manifestaron su profunda preocupación por el agravamiento de la situación humanitaria en Gaza, en un contexto de invierno riguroso, destrucción de infraestructura y funcionamiento parcial de más de la mitad de los centros de salud. Cancilleres de Canadá, Dinamarca, Finlandia, Francia, Islandia, Japón, Noruega, Suecia, Suiza y el Reino Unido advirtieron que la población civil del enclave enfrenta condiciones extremas, con lluvias intensas y un marcado descenso de las temperaturas.