Estados Unidos bombardeó otra lancha en el Pacífico y crecen las tensiones con Venezuela

Las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela volvieron a escalar luego de que el Comando Sur confirmara un nuevo ataque contra una lancha en aguas internacionales del Pacífico oriental. Según informaron las autoridades militares estadounidenses, la embarcación fue destruida durante un operativo aéreo y el hecho dejó cuatro personas muertas, señaladas por Washington como presuntos integrantes de redes de narcotráfico.

De acuerdo con la información oficial, la lancha navegaba por una “ruta conocida” del narcotráfico en el Pacífico oriental. El ataque se realizó en el marco del operativo “Lanza del Sur”, una campaña militar impulsada por la administración de Donald Trump con el argumento de combatir el tráfico de drogas en la región. La operación fue ordenada por el secretario de Guerra, Pete Hegseth, responsable del despliegue militar estadounidense en el área.

El Pentágono difundió un video del bombardeo en el que se observa el impacto sobre la embarcación mientras se encontraba en movimiento. En las imágenes no se distinguen armas ni cargamentos ilegales, lo que reavivó cuestionamientos sobre los criterios utilizados para autorizar este tipo de acciones y sobre la falta de información pública respecto de la inteligencia que las respalda y la identidad de las víctimas. Tampoco se difundieron pruebas verificables que sustenten las acusaciones, lo que generó críticas de organismos de derechos humanos y de sectores del Congreso estadounidense.

Con este nuevo episodio, ya son más de 25 las lanchas destruidas en el marco de la campaña y al menos 99 las personas fallecidas, todas ellas calificadas por Washington como integrantes de estructuras de “narcoterrorismo”. La administración estadounidense incluyó a estos grupos en su lista de organizaciones terroristas y los vinculó con el denominado “Cartel de los Soles”, una estructura cuya conducción atribuye al presidente venezolano, Nicolás Maduro.

El operativo forma parte de una estrategia más amplia de presión sobre Venezuela, que combina acciones militares, sanciones económicas y un discurso político cada vez más confrontativo. Desde la Casa Blanca sostienen que el despliegue busca frenar el narcotráfico en rutas marítimas clave, mientras que el gobierno venezolano denuncia que se trata de una política de hostigamiento y asfixia económica.

El ataque se produjo poco antes de un nuevo mensaje público de Donald Trump, en el que acusó a Venezuela de apropiarse de activos estadounidenses y anunció un “bloqueo total y completo” contra petroleros vinculados al país sudamericano. Según Washington, la medida apunta a impedir que el comercio de crudo financie actividades ilícitas, una acusación rechazada de manera sistemática por Caracas.

En respuesta, la Cancillería venezolana solicitó una reunión urgente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para denunciar lo que calificó como una “agresión abierta y criminal” y reclamar el restablecimiento del orden jurídico internacional. El Ministerio de Exteriores también denunció la incautación de un buque petrolero remolcado a un puerto estadounidense, una acción que describió como “piratería” y “robo de Estado”.

Pese al endurecimiento del bloqueo, la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez aseguró que la industria petrolera continúa operando con normalidad y que las exportaciones de crudo se mantienen activas con respaldo técnico y logístico.

La escalada comenzó a generar reacciones en el ámbito político estadounidense. Un grupo de senadores demócratas presentó pedidos de informes al Pentágono y al Departamento de Estado para que expliquen el marco legal de los ataques, al advertir que las operaciones podrían violar el derecho internacional. En paralelo, el Senado aprobó una ley de defensa que exige la divulgación de registros audiovisuales completos de algunos bombardeos.

En el plano regional, distintos gobiernos expresaron su preocupación. Desde México, la presidenta Claudia Sheinbaum propuso impulsar una salida pacífica a través de mecanismos multilaterales y reafirmó el principio de no intervención. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, también se ofreció como mediador y advirtió sobre la necesidad de preservar a América Latina como una zona de paz.

Por su parte, el presidente Nicolás Maduro calificó las declaraciones de Trump como “guerreristas” y alertó sobre el riesgo de una escalada militar con consecuencias imprevisibles para la región, una preocupación que, según informó, también transmitió al secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres.