La reforma laboral implica una quita de 2.500 millones de dólares a fondos públicos

Aunque la Ley Bases promovía que sindicatos y cámaras empresarias adoptaran de manera voluntaria el Fondo de Cese como mecanismo para el pago de indemnizaciones, ese esquema no fue aceptado por ningún sector. En cambio, la reforma laboral impulsada por el Gobierno establece la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), de carácter obligatorio, que se financiará mediante un aporte del 3 por ciento de la masa salarial.

El Fondo de Cese había sido cuestionado porque implicaba un aumento de los costos laborales no salariales para las empresas que decidieran adherir. Con el nuevo esquema del FAL, ese incremento del 3 por ciento se compensa con una reducción equivalente en las contribuciones patronales destinadas al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Según el informe del Centro de Estudios del Trabajo y el Desarrollo (CETyD), esta modificación reduce las contribuciones patronales de las empresas de servicios y comercio que no son PyMEs del 20,40 al 17,40 por ciento. En el resto de las empresas, la baja es del 18 al 15 por ciento.

A esta rebaja se suma una disminución adicional en las contribuciones destinadas a las obras sociales. En conjunto, estas medidas implican que el Estado deje de percibir un 3 por ciento de los aportes que se destinan a la seguridad social, lo que en la práctica significa que el sector público asume con recursos propios el costo de los despidos.

De acuerdo con el análisis del CETyD, esta reducción representa una merma del 16 por ciento en la recaudación por contribuciones patronales, con un costo fiscal estimado en 2.500 millones de dólares. Ese monto, señalan, permitiría financiar durante un año el haber mínimo más el bono de alrededor de 500 mil jubilados a valores actuales.

Si bien todas las empresas verán incrementados sus costos laborales no salariales en un 3 por ciento —incremento que luego se compensa con la reducción de contribuciones—, el impacto del FAL no será homogéneo. Las firmas con menor rotación de personal, que despiden con menor frecuencia, recurrirán menos al fondo que aquellas con mayor nivel de desvinculaciones, pese a que todas aportan en igual proporción.

“El esquema conduce a que el Estado financie el costo de los despidos. La reforma reduce las contribuciones patronales y, por el mismo monto del descuento, se constituyen fondos para que las empresas afronten las indemnizaciones de los trabajadores despedidos. Es decir, el Estado resigna recursos y los transfiere a las empresas para cubrir las desvinculaciones laborales”, advierte el informe.

Como resultado, el Estado dejará de recaudar aproximadamente 2.500 millones de dólares anuales, una cifra equivalente al pago de unas 500 mil jubilaciones mínimas, incluyendo el bono correspondiente.