El fondo Burford vuelve a presionar a la Argentina en el juicio por YPF

El litigio por la nacionalización de YPF sumó un nuevo capítulo con la ofensiva del fondo Burford, beneficiario del fallo que condenó a la Argentina a pagar hasta 16.100 millones de dólares. El próximo 15 de enero, el fondo presentará ante la jueza Loretta Preska un escrito formal para que se declare al Estado argentino en desacato y se le impongan sanciones económicas.

La presentación se basa en un presunto incumplimiento de una orden judicial que obliga al país a entregar registros de WhatsApp y otros servicios de mensajería de determinados funcionarios públicos. Según explicó el especialista Sebastián Maril, “estas presentaciones resultan del supuesto, (repito) supuesto incumplimiento del país de una orden que lo obliga a presentar los WhatsApp y servicios de mensajería similares de ciertos funcionarios públicos. Ya lo han hecho la gran mayoría, pero, al 12 de enero, restan 6 que no”.

De acuerdo con lo anticipado, el Estado argentino presentará su escrito de defensa el 19 de febrero, en el que sostendrá que no existe tal incumplimiento. Desde la Procuración del Tesoro aseguraron que “la República Argentina está cumpliendo plenamente con todas las decisiones judiciales vigentes”.

En ese sentido, voceros oficiales señalaron que “se vienen realizando entregas parciales y periódicas de la información relevada, y se está colaborando activamente para obtener el consentimiento de funcionarios y exfuncionarios involucrados”, y subrayaron que “la gran mayoría ha prestado su colaboración de manera voluntaria”.

La jueza Preska, quien lleva adelante el caso en el juzgado de Nueva York, también había ordenado anteriormente que la Argentina entregue información adicional requerida por los demandantes, como datos sobre la ubicación del oro del país y otros activos.

En uno de sus fallos, la magistrada cuestionó la postura del Estado argentino al afirmar que “ha invertido más tiempo y dinero en defender la entrega de estos documentos que en realizar dicha entrega”, y recordó que, más allá de si las reservas de oro se encuentran bajo custodia del Banco Central, el país está obligado a proporcionar toda la documentación que tenga en su poder sobre esos activos.

Además, Preska solicitó al Gobierno que informe sobre cuentas soberanas ubicadas tanto en el país como en Estados Unidos, incluidas aquellas pertenecientes a diplomáticos, embajadas y consulados, así como cuentas de bancos y empresas con las que el Estado haya realizado operaciones comerciales.