Más de 21 mil empleadores dejaron de tener personal registrado y se perdieron más de 270 mil puestos formales en menos de dos años. La contracción afecta a todos los sectores y golpea con mayor fuerza a las Pyme.
La crisis del empleo formal avanza de manera sostenida en la Argentina y alcanza a prácticamente todos los sectores de la economía. De acuerdo a datos oficiales procesados por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) a partir de registros de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, más de 21 mil empleadores con trabajadores registrados dejaron de existir en menos de dos años, lo que equivale a un promedio de 30 empresas menos por día.
En paralelo, el mercado laboral formal perdió 272.607 puestos de trabajo, una caída cercana al 2,8 por ciento, que representa la eliminación de casi 400 empleos registrados diarios desde el inicio de la actual gestión nacional. Según el análisis difundido por Junín Al Minuto, este deterioro no aparece como un fenómeno aislado ni coyuntural, sino como una consecuencia directa del rumbo económico adoptado por el Gobierno.
Desde el inicio de la administración de Javier Milei, la política industrial fue descartada como herramienta de desarrollo. En su lugar, el oficialismo sostuvo que el crecimiento debía basarse exclusivamente en el orden fiscal y monetario, una definición que se tradujo en el cierre de áreas estatales orientadas al sostenimiento de la producción, el entramado Pyme y el empleo formal.
En ese marco se inscriben la eliminación de la Secretaría Pyme dentro del Ministerio de Economía, la supresión de programas de crédito productivo y el desmantelamiento de instrumentos diseñados para amortiguar el impacto de los ciclos recesivos sobre las pequeñas y medianas empresas. La retirada del Estado como actor de coordinación productiva dejó a miles de firmas expuestas a un contexto macroeconómico adverso, sin políticas contracíclicas que atenúen el ajuste.
El deterioro se extiende a todos los rubros. La cantidad total de empleadores pasó de más de 512 mil a poco más de 492 mil. El sector de transporte y almacenamiento fue el más afectado, con más de 5 mil empleadores menos, seguido por comercio, servicios inmobiliarios, servicios profesionales e industria manufacturera. También la construcción y las actividades agropecuarias registraron caídas significativas, reflejando la paralización de la obra pública, la retracción del consumo interno y el encarecimiento del financiamiento.
En términos relativos, transporte y almacenamiento encabezó la retracción con una baja cercana al 13 por ciento en la cantidad de empleadores, seguido por servicios inmobiliarios y construcción, sectores altamente sensibles a la actividad económica, la inversión y el crédito.
La contracción también se refleja en el empleo registrado. El número de trabajadores formales se redujo en más de 270 mil personas. La mayor pérdida se produjo en la administración pública, con más de 83 mil empleos menos, seguida por la construcción y la industria manufacturera. Transporte y almacenamiento completó el cuadro con una fuerte reducción de puestos laborales.
El recorte del empleo estatal se dio en paralelo a una fuerte reducción presupuestaria en organismos estratégicos como el INTI, el INTA y el Conicet, instituciones clave para el desarrollo tecnológico y la innovación productiva. El desfinanciamiento de estas áreas no solo impacta en el empleo directo, sino que también debilita capacidades productivas acumuladas durante décadas.
El impacto del ajuste no fue homogéneo. Casi la totalidad de la caída de empleadores se concentró en empresas de hasta 500 trabajadores, que explican más del 99 por ciento de los cierres. Se trata, principalmente, de pequeñas y medianas empresas, afectadas por la falta de crédito, el aumento de los costos financieros y la caída de la demanda interna.
En contraste, aunque las grandes empresas explicaron una porción menor del cierre de firmas, concentraron la mayor parte de los despidos. Más de dos tercios de la pérdida de empleo registrado se produjo en compañías de más de 500 trabajadores, lo que evidencia una contracción generalizada del nivel de actividad.
La crisis se refleja en numerosos casos concretos. La autopartista Dana cerró su planta en San Luis tras tres décadas de actividad y despidió a medio centenar de trabajadores. A ese cierre se sumó el de la firma sueca SKF en la provincia de Buenos Aires, que dejó sin empleo a cientos de personas tras más de un siglo de presencia en el país.
En el interior, el impacto se sintió con fuerza en La Rioja, donde empresas textiles, de calzado y de energías renovables abandonaron el parque industrial o cesaron actividades por la caída de las ventas y la competencia de productos importados. También grandes compañías y cadenas comerciales redujeron su presencia territorial mediante el cierre de plantas, sucursales y locales en distintas provincias.
El escenario macroeconómico refuerza esta dinámica. La decisión oficial de sostener tasas de interés elevadas para contener el dólar y la inflación no logró estabilizar los precios, que acumulan varios meses consecutivos de subas. Al mismo tiempo, la actividad económica y el empleo continúan en retroceso, profundizando un círculo de recesión, cierres de empresas y pérdida de puestos de trabajo.
A casi dos años del inicio del actual gobierno, los datos oficiales muestran que la expectativa de que el mercado, por sí solo, impulse la inversión y el empleo no se materializó. El resultado es un entramado productivo más reducido, un mercado laboral debilitado y un Estado retirado de las políticas de desarrollo, sin señales claras de recuperación del empleo formal en el corto plazo.
