Cierre de la Subsecretaría de Integración Sociourbana: fuerte impacto en la política pública de vivienda

Más de 300 trabajadores y trabajadoras de la Subsecretaría de Integración Sociourbana (SSISU) fueron informados que sus contratos se extenderán únicamente hasta fin de mes y que, a partir del 1 de marzo, quedarán desvinculados. La decisión implica el desmantelamiento y virtual cierre del organismo responsable de ejecutar la política nacional destinada a los barrios populares y deja en suspenso obras y procesos administrativos en todo el país.

La medida alcanza a equipos técnicos, administrativos y territoriales encargados de planificar, supervisar y auditar proyectos de urbanización, así como de relevar a familias para la emisión del Certificado de Vivienda Familiar del Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP). Sin estos equipos, se interrumpen tanto obras de infraestructura básica como trámites que permiten acreditar domicilio, evitar desalojos o realizar gestiones formales.

El área fue creada en 2018 para implementar la Ley 27.453 y desarrollar políticas integrales en los barrios inscriptos en el RENABAP. Entre 2019 y 2023 se iniciaron más de 1.200 proyectos de urbanización en más de 1.000 barrios del país. Al momento del cambio de gestión había 734 obras con convenio vigente y un presupuesto proyectado superior a 560.000 millones de pesos para su finalización. Además, miles de familias accedieron a mejoras habitacionales a través del programa Mi Pieza.

La estructura será degradada de Subsecretaría a Dirección Nacional, lo que implica una reducción de rango institucional, presupuesto y capacidad operativa. La decisión impacta sobre la única política pública nacional orientada específicamente a los 6.467 barrios populares registrados, donde residen aproximadamente cinco millones de personas.

Desde el inicio de la actual gestión, bajo la órbita del Ministerio de Economía encabezado por Luis Caputo y con Sebastián Pareja al frente del área, el organismo atravesó recortes presupuestarios, no renovación de contratos y caída de convenios. Según trabajadores, los contratos trimestrales y la pérdida de poder adquisitivo fueron debilitando la estructura hasta el anuncio de las desvinculaciones masivas.

El impacto inmediato incluye 628 obras paralizadas y más de 20.000 lotes con servicios pendientes de adjudicación. También quedan afectados 748 barrios aún no relevados, lo que involucra a más de 50.000 familias. En el plano administrativo, se registran más de 98.000 trámites vinculados al Certificado de Vivienda Familiar que podrían quedar sin resolución.

Asimismo, existen 485 casos de desalojos registrados en los últimos años, con 150 procesos activos que alcanzan a unas 4.500 familias. Sin el acompañamiento técnico y jurídico que brindaba el área, los procesos de regularización dominial y defensa territorial quedan en una situación de mayor vulnerabilidad.

La decisión se produce pese a una resolución judicial que ordenó la continuidad de las obras financiadas por el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) y exigió la presentación de un plan de acción por parte del Estado Nacional, en el marco de un amparo colectivo impulsado por vecinos y organizaciones sociales.

Trabajadores de distintas provincias señalaron que la reducción del rango institucional y la interrupción de contratos afectaron la ejecución de obras de cloacas, agua, electricidad y espacios comunitarios, así como el relevamiento permanente de los barrios. También advirtieron que sin presencia territorial se dificulta la emisión del Certificado de Vivienda Familiar, herramienta clave para acceder a créditos, evitar desalojos o formalizar empleo.

El cierre de la estructura no constituye únicamente una reorganización administrativa, sino que implica la interrupción de una política que integraba infraestructura básica, regularización dominial y generación de empleo local a través de cooperativas en los propios barrios.