España aprobó una regularización extraordinaria para medio millón de migrantes

A contramano de buena parte de Europa, el gobierno de España aprobó una regularización extraordinaria de migrantes en situación irregular que podría beneficiar a alrededor de medio millón de personas, en su mayoría procedentes de América Latina. La medida fue avalada en el Consejo de Ministros y se inscribe en una política migratoria que el Ejecutivo define como basada en los derechos humanos, la integración social y el aporte al crecimiento económico.

La iniciativa permitirá acceder a un permiso de residencia y trabajo a quienes puedan acreditar al menos cinco meses de permanencia en el país antes del 31 de diciembre de 2025 y no cuenten con antecedentes penales. Según explicó la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, los trámites se abrirán a partir de abril y se extenderán hasta el 30 de junio, con el objetivo de facilitar la inserción laboral en cualquier sector y en todo el territorio español.

Saiz calificó la decisión como “un día histórico” y sostuvo que la regularización busca mejorar las condiciones de vida de miles de personas que ya residen y trabajan en España. La funcionaria remarcó que se trata de un modelo migratorio “legal, seguro y ordenado”, pero también abierto y humano, en contraste con el endurecimiento de políticas que se observa en otros países de la Unión Europea.

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, respaldó la medida y destacó el impacto positivo de la migración en la economía. De acuerdo con datos oficiales citados por el mandatario, el 80 por ciento del crecimiento económico de los últimos años y el 10 por ciento de los ingresos de la seguridad social están vinculados al aporte de personas migrantes. En paralelo, el desempleo cayó por debajo del 10 por ciento hacia fines de 2025, con una participación relevante de trabajadores extranjeros entre los nuevos empleos.

España cuenta con una población de 49,4 millones de habitantes, de los cuales 7,1 millones son extranjeros. Según estimaciones del centro de análisis Funcas, unas 840 mil personas viven en situación administrativa irregular, en su mayoría de origen latinoamericano. El envejecimiento poblacional y la caída sostenida de los nacimientos, un 25,6 por ciento menos desde 2014, forman parte del contexto demográfico que el gobierno tiene en cuenta al impulsar estas políticas.

La regularización fue aprobada mediante un real decreto, una herramienta que no requiere votación parlamentaria. La decisión se alcanzó tras un acuerdo con Podemos y luego de que una iniciativa legislativa popular, respaldada por más de 600 mil firmas y unas 900 organizaciones, permaneciera bloqueada en el Congreso durante más de un año.

Desde la oposición, referentes del Partido Popular y de Vox cuestionaron el plan y anunciaron acciones políticas y judiciales. En contrapartida, la medida fue respaldada por organizaciones sociales, sindicatos, sectores productivos que advierten la necesidad de mano de obra y por la Iglesia católica, que la consideró un acto de justicia social.