El Estado argentino solicitó a la Justicia de Estados Unidos frenar el acceso a correos y mensajes de funcionarios y exfuncionarios, al considerar que se trata de un accionar desproporcionado que afecta la soberanía nacional.
El Gobierno nacional presentó ante el Juzgado del Segundo Distrito de Nueva York un pedido para suspender el proceso de discovery y rechazar la solicitud de desacato impulsada contra el Estado argentino en el marco del litigio por la expropiación de YPF.
El planteo formal, realizado ante la jueza Loretta Preska, busca ponerle freno a la medida que habilita a los demandantes a acceder a chats y correos electrónicos de funcionarios y exfuncionarios argentinos, con el objetivo de rastrear posibles activos embargables para el cumplimiento de la sentencia.
Según el escrito presentado por la Procuración del Tesoro de la Nación, “el hostigamiento sistemático contra un Estado soberano y aliado de los Estados Unidos, mediante pedidos de discovery intrusivos y desproporcionados, afecta de manera directa a la soberanía argentina y a las relaciones internacionales”.
Desde la administración de Javier Milei sostuvieron que, si bien el Estado argentino fue declarado en desacato por cuestionar el fallo, desde la asunción del actual gobierno la Argentina continuó cumpliendo plenamente con el proceso de discovery ordenado en la causa y con todas las obligaciones impuestas por el tribunal.
En ese sentido, subrayaron que el país realizó “un esfuerzo extraordinario” para entregar toda la información razonablemente relevante, con un volumen de documentación calificado como “sin precedentes”.
Por este motivo, el Gobierno consideró que los pedidos de los demandantes para acceder a información privada de funcionarios, como el ministro Luis Caputo, resultan “inaceptables, invasivos, costosos y completamente ajenos al objeto del proceso”.
Además, los abogados del Estado cuestionaron que el fondo Burford “escaló la presión” a través de una moción de desacato injustificada y de la solicitud de información sobre la ubicación de las reservas de oro del Banco Central de la República Argentina.
La defensa sostuvo que dichas reservas, al ser propiedad del Banco Central, se encuentran protegidas por la inmunidad de ejecución y constituyen activos no ejecutables, por lo que cualquier requerimiento de información al respecto resulta improcedente.
La Procuración del Tesoro advirtió también que el proceso de discovery fue desnaturalizado y transformado en una herramienta de hostigamiento destinada a entorpecer el normal funcionamiento del Estado argentino. Asimismo, remarcó que los demandantes manifestaron de manera explícita su intención de “poner arena en los engranajes” de la recuperación económica del país, una conducta que calificaron como jurídicamente y moralmente inaceptable.
Finalmente, el Gobierno ratificó que la Argentina utilizará todas las herramientas legales a su alcance para proteger su soberanía, defender el Estado de Derecho y frenar pedidos que considera ilegítimos y contrarios a sus leyes, la Constitución y los principios del derecho internacional.
