El concejal de La Libertad Avanza presentó un pedido de informes para exigir precisiones sobre el Instituto Legarra, los convenios vigentes con el Municipio y la puesta en marcha de un centro comunitario juvenil de alcance provincial.
El concejal de Alianza La Libertad Avanza en Junín, Leonel Juliá, elevó un pedido de informes en el Concejo Deliberante con el objetivo de que el Gobierno bonaerense brinde información detallada sobre la reapertura del Instituto Legarra, su funcionamiento actual y el alcance de los acuerdos firmados con el Municipio. La iniciativa también contempla consultas sobre la creación de un Centro Comunitario Juvenil de carácter provincial, que funcionará en un espacio lindero y será coordinado por la organización Juana Azurduy.
En declaraciones a Junín Al Minuto, Juliá explicó que el reclamo se apoya en “la falta de claridad en los manejos de la Provincia”, no solo en materia de niñez y adolescencia, sino también en áreas sensibles como seguridad, educación, salud e infraestructura. En ese marco, advirtió que las políticas destinadas a niños, niñas y adolescentes en situaciones de vulnerabilidad “no pueden quedar libradas a la improvisación”, y cuestionó el accionar del gobierno provincial en este ámbito.
El edil remarcó que no hubo respuestas oficiales sobre la reapertura del Instituto Legarra, a pesar de los anuncios realizados. Señaló que ni el Concejo Deliberante ni el Ejecutivo municipal recibieron información formal al respecto. “Se dijo que se iba a abrir y se abrió, pero no sabemos si se respondió algún informe ni si el Municipio fue parte del proceso. Desde febrero de 2024 venimos haciendo pedidos sin obtener respuestas”, sostuvo.
En ese sentido, recordó que incluso trascendió que a los concejales nunca se les permitió ingresar al lugar. “Es como decir que está funcionando, pero sin rendir cuentas. Y estamos hablando de chicos que atraviesan situaciones muy difíciles. Si ese espacio no brinda la contención adecuada, el problema es realmente grave”, advirtió.
Uno de los ejes centrales del pedido de informes está vinculado al convenio entre la Provincia y el Municipio. Juliá explicó que el edificio es propiedad del gobierno local y que resulta indispensable aclarar cuáles son las responsabilidades de cada parte. “Queremos saber si el Municipio solo aporta el inmueble o si también debe hacerse cargo de servicios, y qué es lo que le corresponde a la Provincia. Desde que asumimos, nadie nos convocó para explicarnos cómo funciona este esquema”, afirmó.
El concejal adelantó que la comisión de Niñez, Adolescencia, Familia y Género del Concejo Deliberante, presidida por Laura Tejo, mantendrá una reunión con funcionarios del Servicio Local municipal. “Confiamos en que al menos en ese ámbito se pueda debatir el proyecto que presentamos”, señaló.
Por su parte, Virginia González, ex concejal, referente local del Colectivo Juana Azurduy y actual asesora en Niñez y Adolescencia de la Subsecretaría provincial, brindó detalles sobre la reapertura del Instituto Legarra y las propuestas que comenzarán a desarrollarse próximamente. Indicó que se trata de un dispositivo destinado a abordar situaciones convivenciales complejas, con un equipo de trabajo y un director designado.
González explicó que la Provincia viene articulando con municipios y organizaciones comunitarias distintas acciones de acompañamiento para niños, adolescentes y jóvenes. Estas iniciativas incluyen talleres, apoyo pedagógico, espacios de formación laboral y actividades recreativas. En ese marco, precisó que dichas propuestas se trasladarán a un espacio contiguo al Instituto Legarra, donde funcionará el Centro Comunitario Juvenil coordinado por Juana Azurduy.
Según detalló, se trata de espacios abiertos destinados a adolescentes y jóvenes, cuya puesta en marcha está prevista para febrero, y cuyo acondicionamiento ya está en marcha con conocimiento del Servicio Local. “La promoción y protección de derechos se concreta a través de los programas del organismo de Niñez”, indicó.
Para cerrar, Juliá reiteró la necesidad de controles y transparencia. “Pedimos informes para evitar situaciones poco claras. La Provincia suele crear cargos y estructuras que luego no cumplen con los objetivos planteados. En temas de niñez y vulnerabilidad, eso no puede suceder”, concluyó.
