Cámaras empresarias advirtieron en el Senado que algunos puntos del proyecto podrían aumentar la litigiosidad y perjudicar a las pequeñas y medianas empresas, en coincidencia con los reclamos de la CGT.
Mientras gran parte de las negociaciones se desarrollan fuera del ámbito parlamentario, el oficialismo activó en el Senado una comisión técnica para analizar la reforma laboral. En ese marco, el Gobierno se encontró con una presentación conjunta de diversas cámaras empresarias que, si bien respaldan el espíritu general del proyecto, solicitaron eliminar cinco artículos por considerar que afectarían de manera negativa a las pequeñas y medianas empresas.
La Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA), la Cámara Argentina de Comercio (CAC) y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) coincidieron en que la eliminación de la ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo podría generar mayor incertidumbre, desgaste en las negociaciones y un incremento de la litigiosidad laboral. Además, señalaron que estos cambios impactarían de forma desigual, favoreciendo a las grandes compañías en detrimento de las pymes.
La puesta en marcha de la comisión técnica quedó a cargo de Josefina Tajes, asesora de la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich. La primera ronda de exposiciones incluyó a las cámaras empresarias mencionadas, que acercaron una postura común al oficialismo, mientras que el encuentro con la CGT continúa sin definirse.
Las entidades empresarias sostuvieron que, aunque el proyecto apunta a generar empleo, algunos artículos podrían perjudicar a las pymes, responsables de alrededor del 80% del empleo en el país. Entre los puntos cuestionados figura el artículo 126, que elimina la vigencia automática de los convenios colectivos hasta que sean reemplazados por otros. Según las cámaras, esta modificación obligaría a renegociaciones permanentes y podría generar vacíos legales, aumentando los conflictos judiciales, especialmente para empresas que no cuentan con grandes estructuras legales.
También expresaron objeciones a los artículos 130 y 131, que priorizan convenios de ámbito menor sobre los de alcance sectorial o nacional. Desde el sector empresario advirtieron que la eliminación de reglas comunes podría derivar en competencia desleal, ya que las empresas de mayor tamaño tendrían más margen para imponer condiciones salariales a la baja. Este planteo coincide, desde otra perspectiva, con la postura de la CGT, que considera que estos cambios debilitan la negociación colectiva.
Otro de los artículos cuestionados es el 132, que habilita a la autoridad laboral a suspender los efectos de la homologación de convenios cuando se argumente que generan distorsiones económicas graves. Las cámaras señalaron que esta facultad podría incrementar la incertidumbre normativa y los conflictos legales.
Finalmente, los empresarios rechazaron el artículo 128, que elimina la obligatoriedad de ciertos aportes patronales destinados a cámaras y asociaciones empresarias. Aseguraron que esos fondos son fundamentales para el funcionamiento institucional, el desarrollo de actividades en todo el país y la capacitación del sector.
Aunque se trata de cinco artículos dentro de un proyecto que supera los 200, la posición de estas cámaras podría complicar el tratamiento legislativo de la reforma laboral, que el oficialismo considera encaminado.
En paralelo, la CGT evalúa endurecer su postura frente al avance del proyecto. Desde la central sindical advirtieron que no descartan medidas de fuerza y continúan con gestiones ante legisladores y gobernadores para impulsar modificaciones que protejan a los trabajadores y a las pymes.
