El incumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad mantiene en alerta a familias y organizaciones, que denuncian maniobras dilatorias del Gobierno y la falta de definiciones concretas para garantizar derechos básicos.
Las promesas incumplidas de una ley que sigue sin aplicarse
Las familias de personas con discapacidad y las organizaciones que defienden sus derechos continúan en estado de alerta ante el incumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad. La norma fue aprobada por el Congreso y su aplicación fue ordenada por la Justicia a partir de un amparo colectivo tramitado ante el Juzgado Federal de Campana. Sin embargo, hasta el momento no existen precisiones oficiales sobre la forma ni los plazos en los que el Gobierno prevé implementarla.
El Poder Ejecutivo respondió a los requerimientos judiciales formulados por el juez Charvay, aunque lo hizo de manera imprecisa y sin brindar información concreta. Según advierten las organizaciones, no se detalló cómo se dará cumplimiento a la ley ni qué mecanismos se utilizarán para compensar los meses de atraso y abandono que atraviesa el sector.
Uno de los puntos señalados es la situación de las pensiones no contributivas. Si bien el Gobierno mencionó su impacto presupuestario y estimó un universo potencial de beneficiarios, no explicó de qué manera se instrumentarán durante el año en curso. Una situación similar se observa en relación con el Programa Federal Incluir Salud, destinado a garantizar la atención de las personas con discapacidad, sobre el cual tampoco se aportaron definiciones operativas.
En cuanto a la compensación económica prevista por la ley —destinada a cubrir la diferencia entre los aumentos otorgados a las prestaciones entre fines de 2023 y fines de 2024 y la inflación—, el Ejecutivo propuso un cálculo del 10,5%. Este porcentaje no coincide con las estimaciones realizadas por los prestadores y no fue acompañado por ninguna normativa que establezca su ejecución ni un cronograma de pagos.
Ana Dones, integrante de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), expresó en diálogo con Junín Al Minuto: “El Gobierno hará lo imposible con la demanda judicial, lo tenemos clarísimo. Creemos que no cumplirán el fallo, buscarán las excusas. El Gobierno apela, sigue todo como si nada, y la historia es siempre igual”. Además, sostuvo que a trabajadores del ex organismo Andis se les habría informado que “se queden tranquilos” porque, pese a los cambios anunciados, “siguen los mismos con otro nombre”, lo que calificó como “impresentable”.
Dones remarcó que las organizaciones continuarán con las medidas de lucha y convocaron a instancias de organización colectiva para definir un plan de acción a corto plazo. En la misma línea, el Foro por la Defensa de la Salud Pública impulsa encuentros para unificar reclamos de distintos espacios que demandan respuestas urgentes del Estado.
Desde el Consejo Argentino para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CAIDIS), Alex Goldman señaló también a Junín Al Minuto que el escenario es “muy complejo”. “El juzgado federal de Campana ordenó el cumplimiento inmediato de la ley de emergencia en discapacidad y los plazos ya están vencidos. La estrategia es aparentar actividad administrativa cuando en realidad se busca postergar la ejecución de una sentencia que ya es definitiva”, advirtió, y manifestó preocupación por las maniobras dilatorias del Ejecutivo nacional.
Actualmente, la pensión por discapacidad equivale al 70 por ciento de una jubilación mínima. A ese ingreso, según relevamientos de las propias organizaciones, se suman gastos específicos como acompañantes terapéuticos, tratamientos, traslados y medicamentos, que pueden alcanzar cifras cercanas a los 800 mil pesos mensuales, lo que agrava la situación económica de las familias afectadas.
