El Tribunal Oral Federal dictó condenas contra exmilitares y policías en la megacausa Zona V, con 16 penas de prisión perpetua, y ordenó medidas de reparación vinculadas a la memoria, la verdad y la información pública.
Histórica sentencia en Bahía Blanca: 32 represores condenados por delitos de lesa humanidad
La megacausa conocida como Zona V, que investigó crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar en Bahía Blanca y la región, concluyó con la condena de 32 exintegrantes de las Fuerzas Armadas y de seguridad. El fallo incluyó 16 penas de prisión perpetua, además de otras condenas con penas temporales, y una absolución.
El Tribunal Oral Federal consideró probada la comisión de secuestros, torturas, homicidios, desapariciones forzadas, abusos sexuales y apropiación de menores, delitos que tuvieron como principal epicentro el Cuerpo V de Ejército, aunque también se extendieron a otras zonas del sur argentino. Durante el proceso judicial se analizaron hechos cometidos contra 321 víctimas y declararon 189 testigos a lo largo de más de un centenar de audiencias.
Entre los condenados a prisión perpetua se encuentran exoficiales del Ejército y exintegrantes de fuerzas policiales, mientras que otros imputados recibieron penas que van desde los 8 hasta los 20 años de prisión, según su grado de responsabilidad en los crímenes investigados. Uno de los acusados fue absuelto por falta de pruebas.
Además de las condenas, el tribunal ordenó al Estado nacional garantizar la preservación de los sitios de memoria vinculados al terrorismo de Estado y dispuso que el Ejército rectifique los legajos de exconscriptos desaparecidos que habían sido registrados falsamente como desertores. También instó a un medio de comunicación regional a corregir publicaciones consideradas falsas y difamatorias que, según el fallo, contribuyeron a encubrir el accionar represivo, informó Junin Al Minuto.
Si bien fiscales y querellas habían solicitado la revocación de excarcelaciones y arrestos domiciliarios, el tribunal no hizo lugar a ese pedido, lo que generó cuestionamientos por parte del Ministerio Público.
Tras conocerse la sentencia, el fiscal interviniente destacó que el fallo reconoció la responsabilidad penal de todos los acusados, aunque expresó preocupación por la continuidad de algunos beneficios otorgados a condenados que ahora enfrentan penas de prisión perpetua, señalando la necesidad de extremar recaudos para garantizar justicia y no repetición.
