Estados Unidos intensifica su ofensiva militar en Centroamérica y crecen las dudas sobre su legalidad internacional

La escalada militar de Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico oriental sumó nuevos episodios de violencia y reavivó fuertes cuestionamientos políticos y jurídicos, tanto dentro como fuera del país. La confirmación de recientes ataques contra embarcaciones en aguas cercanas a Colombia, que dejaron al menos ocho personas muertas, coincidió con declaraciones de alto nivel que pusieron en duda los objetivos reales de la ofensiva.

La jefa de Gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, afirmó que el presidente Donald Trump pretende sostener la destrucción de embarcaciones en la región hasta forzar la rendición del presidente venezolano Nicolás Maduro. Según expresó en una entrevista periodística, Trump considera que la presión militar constante terminará doblegando al mandatario caribeño. Estas afirmaciones contrastan con el discurso oficial del Gobierno estadounidense, que presenta la campaña como una operación focalizada contra el denominado “narcoterrorismo”.

Desde hace meses, Estados Unidos mantiene un amplio despliegue aeronaval en el Caribe y el Pacífico oriental. En ese marco, fueron destruidas más de veinte lanchas que Washington vincula con redes de narcotráfico y organizaciones calificadas como terroristas, aunque no se difundieron pruebas que respalden esas acusaciones. De acuerdo con datos oficiales del Pentágono, las operaciones provocaron la muerte de al menos 95 personas, a quienes la Casa Blanca define como “narcoterroristas”.

En uno de los episodios más recientes, el Comando Sur confirmó ataques contra tres embarcaciones en el Pacífico oriental, en el marco de la operación denominada “Lanza del Sur”. Según informó el propio organismo militar, los bombardeos causaron la muerte de ocho tripulantes. Las acciones se apoyaron en reportes de inteligencia que aseguraban que las lanchas navegaban por rutas habituales del narcotráfico y transportaban drogas y armamento, aunque nuevamente no se presentó evidencia pública que lo acreditara.

La ofensiva se desarrolla en un contexto de creciente tensión regional. Trump ha señalado en reiteradas oportunidades que podrían iniciarse acciones directas dentro del territorio venezolano para erradicar el narcotráfico, lo que profundiza el clima de confrontación. Desde Caracas rechazan de plano las acusaciones y denuncian que el despliegue militar estadounidense constituye una amenaza directa a la soberanía nacional. En ese sentido, Maduro convocó a la organización de milicias ciudadanas frente a lo que definió como una escalada militar.

Las declaraciones de Wiles también reavivaron el debate en el Congreso de Estados Unidos. Funcionarios del área de Defensa y Relaciones Exteriores debieron comparecer ante legisladores para explicar el alcance de la campaña militar, en medio de cuestionamientos sobre una posible ampliación de las operaciones sin autorización legislativa.

Uno de los ataques más polémicos fue el realizado contra una lancha en el Caribe, donde un segundo bombardeo habría matado a los sobrevivientes que se encontraban aferrados a los restos de la embarcación. Especialistas en derecho internacional advirtieron que ese accionar podría constituir una violación grave de las normas humanitarias.

Si bien desde el Ejecutivo defendieron la ofensiva como una misión exitosa contra organizaciones criminales, la negativa a difundir material audiovisual completo y sin editar alimentó las críticas. Legisladores opositores y algunos oficialistas expresaron su preocupación por el nivel de secretismo y por la legalidad de atacar objetivos que ya no representarían una amenaza inmediata.

La presión estadounidense también se extendió al plano económico. En paralelo a las acciones militares, Washington interceptó un buque petrolero que transportaba crudo venezolano en el Caribe. Mientras la Casa Blanca sostuvo que estaba vinculado al contrabando de petróleo iraní, el gobierno venezolano denunció el hecho como un acto de piratería y cuestionó el silencio de los organismos internacionales.

En este escenario, el debate sobre los límites legales de la ofensiva militar estadounidense continúa abierto, mientras crece la inquietud regional ante la posibilidad de una escalada mayor. Desde Caracas insisten en que el verdadero objetivo de Washington es el control de los recursos energéticos y confían en que sectores de la sociedad estadounidense rechacen una nueva guerra en la región.