La propuesta educativa del oficialismo genera cuestionamientos por su sesgo hacia la mercantilización del sistema.

Diversos especialistas en educación expresaron preocupación ante el borrador con el que el gobierno busca reemplazar la Ley de Educación Nacional 26.206. Señalan que, bajo el argumento de la “libertad educativa”, la iniciativa promueve una lógica de mercado en el sistema escolar: impulsa la competencia entre instituciones, fortalece el sector privado y reduce el papel del Estado a un rol meramente subsidiario.

El proyecto —denominado “Ley de libertad educativa”— habilita que cada escuela, pública o privada, diseñe sus propios contenidos, calendarios y métodos pedagógicos, así como sus criterios de contratación docente. También incorpora la educación en el hogar, la enseñanza religiosa en escuelas estatales y modelos híbridos con menos horas de presencialidad, disminuyendo las cargas horarias fijadas por el Consejo Federal de Educación.

En conjunto, estas medidas trasladan responsabilidades estatales a familias y privados, abren la puerta a un mayor desfinanciamiento del sistema y ponen en duda la continuidad del piso del 6% del PBI destinado a educación. Para los especialistas, el enfoque del oficialismo no solo privatiza funciones esenciales, sino que además implica un nuevo retroceso en términos de derechos educativos para la mayoría.

La filtración del borrador con el que el oficialismo busca reemplazar la Ley de Educación Nacional generó preocupación entre especialistas, quienes alertan que el proyecto apunta a mercantilizar la educación, reducir el rol del Estado y transferir responsabilidades a las familias y al sector privado.

El texto, titulado “Ley de libertad educativa”, propone que cada escuela —pública o privada— defina sus propios planes de estudio, calendarios, métodos de enseñanza y criterios de contratación docente. El proyecto también habilita el homeschooling, la educación religiosa en escuelas públicas y modelos híbridos con menos horas de presencialidad, lo que implica una disminución de la carga horaria obligatoria fijada por el Consejo Federal de Educación.

Para especialistas, estas medidas favorecen la competencia entre instituciones y abren la puerta a un desfinanciamiento mayor, ya que la derogación de la Ley 26.206 dejaría sin garantías el piso de inversión del 6% del PBI en educación. Señalan que el enfoque se alinea con otras iniciativas del gobierno que buscan achicar el Estado y ampliar el espacio de los actores privados.

La filtración del borrador expuso la magnitud de los cambios en preparación, pese al intento del oficialismo de mantener el debate fuera de la agenda pública. Incluso la senadora Carolina Losada reconoció el malestar interno por la divulgación del documento, que dejó en evidencia la orientación de la reforma.

Expertos como Guillermo Ruiz (Conicet) califican el proyecto como regresivo y contrario al marco constitucional, orientado principalmente a profundizar el ajuste. Roberto Abdala (UNQ) agrega que, aun sin ser oficialmente presentado, el contenido genera preocupación por las ideas que promueve.

El proyecto, presentado bajo el lema de la “libertad educativa”, propone un cambio estructural: reducir el rol del Estado, ampliar el margen para la iniciativa privada y tratar a la educación como un mercado competitivo.

El esquema planteado desplaza responsabilidades estatales hacia familias e instituciones. Cada escuela —pública o privada— podría definir planes de estudio, calendarios y formas de contratación docente. También se habilita la educación en el hogar, la formación religiosa en escuelas estatales y modelos híbridos. Paralelamente, se recortan las horas mínimas de clase y se elimina la referencia al carácter público del sistema.

Investigadores advierten que el proyecto es regresivo, inconsistente con la Constitución y funcional al ajuste presupuestario. El Estado queda reducido a un papel subsidiario, limitándose a acompañar a las familias y financiar iniciativas privadas. La competencia entre instituciones favorecería a las de mayor capital, profundizando desigualdades y debilitando la educación pública. Además, se recortan derechos laborales docentes, incluido el derecho a huelga.

En conjunto, la propuesta supone un corrimiento del Estado, una mayor privatización del sistema y un retroceso en garantías y tiempos pedagógicos. Aunque aún no fue presentada formalmente, la filtración expuso la magnitud de la reforma que el oficialismo proyecta y anticipa un escenario de fuerte disputa legislativa y social.

Aunque la familia constituye el primer ámbito de socialización, la propuesta legislativa que impulsa la educación en el hogar pretende relativizar el papel de la escuela, históricamente vista como institución insustituible. La iniciativa asume –sin evidencia sólida– que cualquier padre está preparado para enseñar, ignorando las desigualdades formativas y socioeconómicas que estructuran a la sociedad.

Abdala advierte que el proyecto coloca a las familias en un lugar de poder inusitado: desde el financiamiento ligado a la “elección educativa”, hasta la creación de consejos familiares con injerencia en la gestión escolar. El punto más controvertido es, justamente, el homeschooling, para el cual Argentina no cuenta con un marco legal que regule ni homologue su calidad. La ambigüedad sobre quién puede enseñar —un docente o los propios padres— abre un debate necesario sobre estándares educativos y derechos de los niños.

Ruiz amplía el análisis situándolo en una tendencia global: el homeschooling se ha expandido sobre todo en sectores conservadores y religiosos de Estados Unidos, que han presionado durante décadas para reducir la supervisión estatal. En algunos estados, incluso, lograron que los padres no tengan la obligación de informar qué educación brindan. El modelo también tuvo eco en el Brasil de Bolsonaro, donde algunas corrientes llegaron a promover el castigo corporal como método pedagógico, bajo la lógica de reforzar la disciplina.

La agenda refundacional del gobierno libertario se sostiene más en retórica disruptiva que en planificación material: proclamarse como “el topo que viene a destruir al Estado” revela un proyecto que pretende transformar estructuras sin garantizar los recursos necesarios. Y en educación, cualquier reforma se vuelve pura declamación si el presupuesto no acompaña.

Abdala señala que el financiamiento educativo cae de forma sostenida mientras se proponen mecanismos que lejos están de fortalecer la escuela pública. Para las carreras de educación de las universidades nacionales, la prioridad no es inventar un nuevo marco normativo, sino cumplir la legislación vigente, sistemáticamente desfinanciada.

El oficialismo, observa Abdala, puede capitalizar políticamente el malestar social frente a un sistema que no satisface a familias ni docentes ni indicadores de calidad. Pero el problema no es debatir: es qué debate se instala. Impulsar reformas sin recursos ni consensos amplios abre el riesgo de un rediseño improvisado y regresivo.

Ruiz, por su parte, cuestiona la ausencia de un diagnóstico serio: las pruebas estandarizadas como Aprender permiten medir algunos aprendizajes, pero no reemplazan un análisis integral de condiciones laborales, recursos, currículas provinciales ni funcionamiento institucional. Sin esa mirada sistémica, cualquier cambio se apoya más en ideología que en evidencia.