El Gobierno plantea avanzar, tras las elecciones, en cambios estructurales en el mundo laboral.

Una reunión antivacunas promovida por la diputada Marilú Quiróz —marcada por episodios excéntricos— coincidió con la postergación en el Senado del tratamiento de la incorporación de la senadora electa Lorena Villaverde, cuya impugnación por presuntos vínculos con el narcotráfico quedó pendiente hasta la renovación legislativa.

En paralelo, el Gobierno ajustó datos oficiales de actividad económica en un contexto de recesión persistente. Aun así, parte del empresariado continúa respaldando al oficialismo por su enfoque macroeconómico, pese a que la caída del consumo y el cierre de fábricas —como la de Whirlpool en Pilar— muestran un deterioro productivo significativo desde fines de 2023. La reducción de la rentabilidad afecta también al sector agropecuario, que enfrenta costos crecientes y menor asistencia estatal.

Frente a este escenario, algunos economistas justificaron los cierres empresariales con el argumento de que la baja de precios beneficiaría a los consumidores, aunque el descenso de ingresos y el aumento de la desocupación limitan esa posibilidad.

Mientras tanto, el Gobierno avanza en un paquete de reformas estructurales. El Consejo de Mayo —con escasos resultados concretos— anunció que antes de fin de año llegará al Congreso un proyecto de reforma laboral. Las versiones preliminares sugieren modificaciones profundas: reducción de protecciones históricas, debilitamiento de la negociación colectiva, cambios en la jornada laboral y eliminación de derechos ligados a la antigüedad y a las licencias. La estrategia oficial parece consistir en presentar propuestas extremas para luego negociar recortes que mantengan un nivel significativo de flexibilización.

La reforma educativa filtrada públicamente sigue un esquema similar: menor intervención estatal, mayor libertad curricular para las escuelas, mecanismos de competencia a través de vouchers y habilitación de modelos de enseñanza no presenciales. Estas ideas desplazan el rol del Estado en la planificación, regulación y supervisión del sistema educativo.

En los próximos meses, el oficialismo buscará avanzar también con reformas penal, tributaria y previsional. Estas iniciativas se enmarcan en una concepción que redefine el papel del Estado y limita derechos laborales y educativos históricamente consensuados por fuerzas políticas como el radicalismo y el peronismo.

El debate parlamentario se dará, por lo tanto, sobre bases que cuestionan principios que habían estructurado las políticas públicas argentinas en materia de trabajo y educación. La confrontación central será entre ese nuevo enfoque desregulador y la tradición que sostiene la necesidad de garantizar derechos y mantener la responsabilidad estatal en áreas estratégicas.

La escena inicial del encuentro antivacunas —el hombre convencido de ser “imantado” por las vacunas— funciona como metáfora en el texto original de un clima político y cultural que, según su autor, acompaña estas reformas: una sociedad expuesta a la desinformación mientras se redefine el rol del Estado y se reconfiguran derechos fundamentales.