La supuesta ‘industria del juicio’ no es más que un relato construido para deslegitimar reclamos legítimos y minimizar responsabilidades empresariales y estatales.

El abogado laboralista Gustavo Ciampa explicó en AM 750 que la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei busca reemplazar el sistema de indemnizaciones por un Fondo de Cese Laboral (FCL), una medida presentada bajo el argumento de frenar una supuesta “industria del juicio”. Según Ciampa, ese fundamento es falso: tal fenómeno no existe y, de hecho, los trabajadores inician muchos menos juicios de los que corresponderían frente a los incumplimientos patronales. El cambio, sostuvo, persigue reducir la protección laboral más que resolver un problema real.

Ciampa sostuvo que la llamada “industria del juicio” es un mito instalado con éxito: se habla obsesivamente de juicios laborales mientras se omiten, por ejemplo, los que inician bancos o aseguradoras. También refutó la idea de que los empleadores teman contratar por posibles litigios. Los datos, dijo, muestran lo contrario: la litigiosidad laboral es baja y menos del 2% de quienes podrían iniciar un reclamo efectivamente lo hacen.

Entonces, ¿por qué insistir con cambiar el régimen de indemnizaciones? Ciampa señaló que detrás del Fondo de Cese Laboral (FCL) hay intereses económicos concretos: un negocio concentrado en pocos actores ligados al mundo financiero. Según explicó, el sistema propuesto —que reemplaza la indemnización por un fondo alimentado con aportes mensuales del empleador— abre una nueva caja de administración privada similar al esquema de las AFJP, al que calificó como “la gran estafa” de los años 90. A su juicio, los fondos de cese reproducen esa lógica.

Además, advirtió que el FCL no beneficia ni a trabajadores ni a empresarios que no recurren a despidos arbitrarios, y que incluso presenta rasgos de inconstitucionalidad. Recordó que, en la legislación argentina, el despido sin causa es un acto válido pero ilícito, y por eso existe la indemnización como mecanismo de protección. Eliminarla, afirmó, degrada derechos básicos y significa retroceder a principios del siglo XX bajo el pretexto de una falsa “modernización”