El Gobierno detiene el financiamiento destinado a proyectos de desarrollo social y urbano.

El gobierno de Javier Milei ha dejado sin respaldo a más de cinco millones de personas que viven en los 6.467 barrios populares del país. En lo que va del año, solo se destinaron 4,2 millones de dólares a obras de integración sociourbana, apenas el 0,2% de lo necesario según especialistas y organizaciones sociales.
El diagnóstico proviene del informe ‘De los barrios populares a la ciudad formal’, elaborado por Fundar y Techo, que señala que, aunque la financiación ya venía siendo insuficiente en años previos, el recorte se profundizó con la gestión actual, marcada por una caída sostenida y especialmente aguda de la inversión pública.

El informe señala un déficit estructural de financiamiento para avanzar en la integración sociourbana. Plantea que cerrar la brecha de infraestructura —estimada en más de 27 mil millones de dólares— requeriría un plan de 12 años y una inversión anual de 2.250 millones.
Según Juan Maquieyra, director ejecutivo de TECHO y coautor del estudio, la falta de inversión perpetúa la exclusión de millones de personas. Sostiene que la integración no solo implica obras y servicios, sino el reconocimiento pleno de los barrios populares como parte esencial del país.

El ajuste golpea con especial dureza a los sectores más vulnerables. Lejos de impulsar un plan sólido de urbanización, el Gobierno de Milei paralizó desde diciembre de 2023 miles de obras sociourbanas, lo que también provocó la pérdida de numerosos empleos.
Según el Renabap, existen 6.467 barrios populares en Argentina, donde la mayoría carece de servicios básicos: el 92% no tiene conexión formal a agua potable, más del 98% no accede a gas natural, el 97% sigue sin redes cloacales y el 66% depende de instalaciones eléctricas precarias. Además, el 70% de estos barrios enfrenta riesgos ambientales como basurales, inundaciones o contaminación.
Detrás de estas cifras hay más de cinco millones de personas cuya vida cotidiana está condicionada por la falta de infraestructura: dificultades para calefaccionarse o bañarse en invierno, hacinamiento, inseguridad y una alta exposición a fenómenos climáticos extremos que las viviendas y los servicios disponibles no pueden soportar.

Actualmente, unos cinco millones de personas viven en barrios populares y, según Maquieyra, mantenerlas en condiciones que considera inhumanas es inaceptable. La paralización de la obra pública agravó la situación y las organizaciones sociales reclaman el cumplimiento de la ley 27.453, destinada desde 2016 a garantizar la integración sociourbana de los asentamientos relevados por el Renabap. Esta política, iniciada durante el macrismo y ampliada bajo el gobierno de Alberto Fernández, quedó detenida con la gestión de Milei.
En 2024, el Gobierno recortó casi por completo el presupuesto del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), justificándose en supuestas falencias que luego sus propios funcionarios descartaron. El CELS logró un amparo judicial para frenar el recorte, pero las obras permanecen paralizadas. En mayo de 2025, el Ejecutivo directamente eliminó el FISU, dejando miles de proyectos en un limbo.
Maquieyra advierte que su eliminación pone en riesgo innumerables obras. El informe de Fundar destaca que el FISU había sido la herramienta central para financiar y organizar la ejecución de proyectos de infraestructura básica, mejoras habitacionales y equipamiento comunitario, logrando avances significativos antes de su desmantelamiento.

El informe de Fundar subraya que la falta de financiamiento constituye uno de los principales obstáculos para avanzar en la integración sociourbana. Aunque la situación se deterioró en los últimos dos años, el crecimiento de los barrios populares es un fenómeno sostenido: entre 2022 y 2023, la cantidad de asentamientos y villas aumentó un 13% —de 5.687 a 6.467— y la superficie que ocupan creció casi un 16%, pasando de 590 a 684 millones de metros cuadrados.

El monto necesario para cerrar la brecha de infraestructura también creció: Fundar lo estima en 27,6 mil millones de dólares. A la falta de recursos —acentuada por el ‘no hay plata’ que sostiene el Gobierno— se suman desafíos propios del territorio y la morfología de cada barrio, que impiden soluciones uniformes y obligan a diseñar intervenciones específicas. No es comparable urbanizar un asentamiento inundable en el Conurbano con intervenir en una villa en altura en la Ciudad.
El estudio remarca que las particularidades locales son determinantes: la Provincia de Buenos Aires y otros cuatro distritos concentran la mayor población, y el 70% de los barrios tiene menos de 150 familias, lo que exige planes ajustados a su escala, ubicación y contexto. Los 27,6 mil millones proyectados permitirían instalar redes de agua, cloacas, gas, electricidad, equipamiento urbano y mejoras viales. Repartidos en 12 años, implicarían una inversión anual cercana a 2.304 millones de dólares.
Los investigadores proponen articular estrategias sostenibles que combinen financiamiento nacional, provincial y municipal, junto con instrumentos innovadores —como capitales privados y organismos multilaterales— que, según sostienen, han sido escasamente utilizados en Argentina debido a la inestabilidad macroeconómica reciente.

El informe sostiene que es necesario adoptar decisiones firmes para movilizar 27 mil millones de dólares en 12 años —aproximadamente el 0,4% del PBI anual— con el fin de garantizar condiciones mínimas de habitabilidad para millones de personas.
Según el estudio, ya existen marcos normativos, procesos de implementación probados y el instrumento adecuado —el FISU— para llevar adelante la integración sociourbana.
No obstante, los autores subrayan que el principal obstáculo sigue siendo la falta de financiamiento.