Ante la necesidad de financiamiento, Axel Kicillof pidió que los ministros nacionales Luis Caputo (Economía) y Guillermo Francos/Santilli* avalen de antemano el endeudamiento que la Provincia busca aprobar en la Legislatura. Si el pedido obtiene luz verde en el ámbito provincial, deberá luego ser autorizado por las carteras nacionales de Interior y Economía, instancia donde se anticipan objeciones y negociaciones sensibles.
La tensión entre el Gobierno bonaerense y la Nación vuelve a crecer.
Más allá de la votación legislativa sobre el endeudamiento por más de 3.000 millones de dólares solicitado por Axel Kicillof, en La Plata preocupa que los organismos nacionales que deben autorizarlo finalmente lo rechacen debido a las tensiones políticas con el Gobierno central.
El proyecto incluye varias operaciones: endeudamiento por 1.045 millones de dólares y otro por 1.990 millones; la posibilidad de que la Tesorería emita Letras del Tesoro por hasta 250 millones durante 2026; la autorización para que Buenos Aires Energía S.A. tome hasta 150 millones para proyectos energéticos; y la habilitación a Aubasa para endeudarse por hasta 250 millones destinados a obras de infraestructura.
Si la Legislatura aprueba el endeudamiento solicitado por la Provincia, aún será necesaria la validación de tres organismos nacionales, tal como exige la Ley 25.917 de Responsabilidad Fiscal. Su artículo 25 establece que todas las jurisdicciones —provincias, Ciudad de Buenos Aires y municipios— deben enviar la documentación correspondiente al Ministerio del Interior, conducido por Diego Santilli, y al Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, para que analicen y autoricen las operaciones de deuda.
Carlos Bianco, ministro de Gobierno bonaerense, cuestionó que Santilli no se haya reunido con la administración de Kicillof durante la discusión del Presupuesto nacional, mientras sí mantiene encuentros con otras veinte provincias. Según Bianco, el Gobierno nacional estaría usando los avales de deuda como moneda de negociación para obtener respaldo legislativo. Recordó además que estos avales no implican otorgar financiamiento, sino simplemente no objetar que una provincia acceda al crédito que ya consiguió —algo que, afirmó, tampoco está ocurriendo.
Desde la Gobernación sostienen que este mecanismo de presión genera una preocupación creciente. En la misma línea, el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis, advirtió que resulta imposible justificar ante el Banco Europeo el avance de la quinta etapa del Plan Maestro del Río Salado si la Nación no garantiza la finalización del tramo que le corresponde.
Desde su asunción, Santilli inició una ronda de reuniones con los mandatarios que participaron del encuentro con Milei en la Casa Rosada, es decir, con excepción de Kicillof, Insfrán, Quintela y Melella. En su visita a Entre Ríos, el gobernador Rogelio Frigerio destacó que el aval nacional y el financiamiento de organismos multilaterales permiten encarar obras viales clave. Asimismo, el Gobierno nacional autorizó recientemente a Mendoza a tomar un crédito de 75 millones de dólares destinado a mejorar la infraestructura de agua potable en el Gran Mendoza y San Rafael.
En la conferencia, Carlos Bianco dirigió un mensaje directo a Diego Santilli, retomando el cruce en redes de la semana anterior, cuando el pedido formal de reunión fue respondido únicamente con un “tomo nota”. Bianco ironizó diciendo que le enviaría un “videíto” por WhatsApp detallando los reclamos por deudas que la Nación mantiene con la Provincia: 1,7 billones de pesos por transferencias previsionales (ANSES–IPS), más de 1 billón por el Consenso Fiscal 2017, 117 mil millones del FONID, 108 mil millones del Fondo de Fortalecimiento Fiscal, 76 mil millones por asistencias financieras de 2023 y 3,2 billones vinculados a programas de salud, educación y transporte, entre otros.
Bianco agregó que varias de estas demandas ya están judicializadas ante la Corte Suprema. También señaló que existen 180 obras nacionales paralizadas en territorio bonaerense por 4,3 billones de pesos, además de 6.500 viviendas del Procrear y casi 10 mil de otros planes habitacionales detenidas. A esto se suma infraestructura educativa, sanitaria, universitaria y social frenada por más de 300 mil millones de pesos, lo que eleva la deuda total reclamada a 12,9 billones.
Por su parte, el ministro Gabriel Katopodis afirmó que la principal problemática del país es la desigualdad y que la respuesta debe venir de la inversión en infraestructura. Indicó que su ministerio ejecutó 720,1 mil millones de pesos en 2024 y que cerrará el año con 1,1 billones de inversión, mientras que el proyecto para 2026 prevé 1,4 billones, equivalentes al 56% del gasto de capital provincial.
















