Las polémicas por el acuerdo asimétrico con Estados Unidos

El entendimiento comercial anunciado por Estados Unidos para la Argentina reproduce el mismo modelo que Washington ofreció de manera simultánea a Ecuador, El Salvador y Guatemala. Se trata de un esquema en el que la administración norteamericana conserva los aranceles generales aplicados este año, habilita excepciones limitadas sobre productos que no fabrica y, a cambio, exige una apertura significativa en áreas consideradas estratégicas. Sin ventajas particulares para el gobierno de Javier Milei, Argentina queda equiparada a un conjunto de países que ceden más de lo que obtienen dentro del marco planteado por la Casa Blanca, sin contemplación de sus características productivas ni de su rol económico en la región. Un golpe más para la industria nacional, ya debilitada por la actual orientación económica.

Lejos de un acuerdo equilibrado, los lineamientos difundidos por Washington enumeran exigencias locales en cuestiones arancelarias, sanitarias, laborales, ambientales, digitales y de propiedad intelectual, pero no detallan con precisión qué beneficios concretos recibiría el país bajo la presidencia de Donald Trump. El resultado es evidente: Estados Unidos asegura derechos y Argentina acumula obligaciones, en un escenario marcado por una fuerte asimetría y una casi nula reciprocidad.

El problema central es que el esquema propuesto por Estados Unidos se aplica de manera uniforme a países con estructuras productivas muy distintas, privilegiando la exportación de bienes primarios y servicios. A diferencia de Ecuador, El Salvador y Guatemala —economías con escaso desarrollo industrial y exportaciones que no rivalizan con la producción estadounidense— Argentina compite directamente en sectores sensibles como el agro, el acero, el aluminio y las industrias química y farmacéutica. Bajo esas condiciones, una apertura sin salvaguardas amplifica los riesgos frente a la brecha de productividad y la ausencia total de evaluaciones sectoriales o de impacto, lo que expone aún más al aparato industrial local.

El marco presentado por la Casa Blanca también implica una cesión regulatoria inusual. El país debería aceptar normas y certificaciones estadounidenses en alimentos, medicamentos, dispositivos médicos, vehículos y productos agrícolas, desplazando el rol de organismos como ANMAT, SENASA o INAL. Bajo el paraguas de “estándares internacionales”, Argentina quedaría atada a reglas externas que no contemplan sus prioridades sanitarias ni productivas. Estados Unidos, sin embargo, no cede nada equivalente y mantiene su autonomía normativa intacta.

A esto se suma que Washington no reconoce su propia política proteccionista, reforzada en abril con aranceles generalizados del 10 %. En ese escenario, el centro CEPA advierte que la intención real es convertir a la Argentina en un mercado abierto para productos estadounidenses y, al mismo tiempo, limitar el ingreso de bienes provenientes de “economías no mercantiles”, un eufemismo para excluir la competencia china. Así, el país queda incorporado de manera pasiva a la disputa comercial global, sin beneficios definidos ni una estrategia propia de inserción internacional.

Sin trato preferencial pese al alineamiento político con Trump, Argentina queda ubicada en la misma categoría que economías pequeñas y primarizadas. “Sin privilegios comerciales para el amigo Milei” deja de ser un eslogan y pasa a describir un escenario concreto: no se reconoce la capacidad industrial del país, no se compensa la asimetría estructural y no se ofrecen beneficios equivalentes.

Las primeras reacciones empezaron a llegar. En el sector farmacéutico, el titular de Cilfa, Eduardo Franciosi, señaló que acompañan los acuerdos basados en reglas equilibradas, pero remarcó que lo anunciado son apenas lineamientos preliminares. “Hasta que no se conozca el texto final, es difícil anticipar el impacto”, dijo, recordando las presiones habituales del sector para ampliar patentes o restringir la producción de genéricos.

Desde el agro, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires valoró toda iniciativa que fortalezca la inserción internacional, mientras que la Sociedad Rural apoyó el entendimiento pero advirtió que el efecto real dependerá de los detalles aún pendientes. Todavía no está claro cómo será el acceso a mercados ni qué exigencias impondrá la letra chica.

En el ámbito político, las críticas fueron más severas. Para Guillermo Michel, exdirector de Aduanas, “a la Argentina le llegó la factura después del aporte estadounidense a la campaña de Milei”, sugiriendo que el respaldo político ahora se traduce en condicionamientos comerciales. El exembajador en China Sabino Vaca Narvaja fue más enfático: “Perder la normativa interna es una cesión de soberanía enorme. Es una ley bases adaptada a Estados Unidos”, afirmó, comparando el esquema con la reforma estructural doméstica, pero aplicada al comercio exterior.

El economista Claudio Loser, exdirector del FMI, opinó que el anuncio no constituye un tratado de libre comercio formal, aunque se acerca a lo máximo que Argentina puede firmar sin romper el Mercosur. Aun así, reconoció que incorpora obligaciones significativas sin los mecanismos institucionales típicos de un acuerdo de ese tipo.

El análisis más duro provino de Jorge Carrera. Calificó el anuncio como “una imposición unilateral” más que un acuerdo, ya que no hubo negociación real ni intercambio de concesiones. Sostuvo que Argentina aceptó la postura estadounidense para facilitar importaciones desde ese país y mejorar su posición frente a Asia y Europa. En su visión, compararlo con el pacto Mercosur–UE “es erróneo”, porque aquí no hubo rondas técnicas ni contrapropuestas, sino aceptación directa del texto.

Carrera anticipó que podrían surgir cláusulas más exigentes cuando se conozca el documento final. Por ahora, concluyó, se trata de un marco que facilita las importaciones estadounidenses y restringe las de terceros mercados.

El economista también planteó un interrogante geopolítico: si Argentina aceptó estas condiciones sin beneficios sustanciales, ¿con qué argumentos defenderá posiciones propias en la negociación con la Unión Europea? La señal al mundo es que la Casa Rosada está dispuesta a firmar acuerdos con muy baja reciprocidad.

En definitiva, el diseño del marco propuesto por Washington muestra una relación asimétrica: Estados Unidos mantiene su estructura arancelaria y solo flexibiliza lo que no afecta a su producción, mientras exige a cambio una apertura profunda en sectores clave de la economía argentina.

Varios expertos ya lo interpretan como una segunda etapa del respaldo financiero y político estadounidense tras la intervención de Trump en la campaña y el uso del swap bilateral. Ahora, ese apoyo se completa con un esquema comercial que refuerza la dependencia y consolida un alineamiento sin contrapartidas significativas para la economía local.