A 52 años del golpe de Estado, el Congreso chileno aprobó un registro oficial que identifica a 1.469 víctimas de desaparición forzada durante el régimen de Augusto Pinochet.
Chile reconocerá jurídicamente a los detenidos desaparecidos durante la dictadura
El Congreso Nacional de Chile aprobó definitivamente la ley que crea el Registro de Personas Ausentes por Desaparición Forzada, una medida simbólica y de reparación histórica para las familias de víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). El proyecto será promulgado por el presidente Gabriel Boric y permitirá reconocer jurídicamente a los detenidos desaparecidos por primera vez.
El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, afirmó: “A 52 años del golpe de Estado, recién hoy vamos a tener un registro oficial de las 1.469 personas que fueron víctimas de la desaparición forzada”. La ley, aprobada por 89 votos a favor, 28 en contra y 4 abstenciones, crea la categoría jurídica de “ausente por desaparición forzada” y reconoce que estas personas fueron privadas de libertad por agentes del Estado entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990.
El registro incluirá nombre, nacionalidad, fecha de nacimiento, edad al momento de la desaparición y la fecha en que fueron arrestadas o privadas de libertad. Este reconocimiento simbólico permitirá a las familias no tener que declarar la presunta muerte de sus seres queridos. El catastro será administrado por el Registro Civil e incorporará datos de informes de las comisiones de verdad sobre violaciones a los derechos humanos y sentencias judiciales previas.
Para la diputada Lorena Pizarro, del Partido Comunista, la medida va más allá de un certificado: “El Estado de Chile tiene personas vivas, muertas y ausentes por desaparición forzada”. Destacó que la aprobación de la ley representa un golpe al negacionismo y reafirma la grandeza de los legisladores frente a las críticas de la derecha.
Durante la dictadura chilena hubo más de 40 mil víctimas, entre ejecutados, detenidos desaparecidos, prisioneros políticos y torturados. De ellas, 1.469 fueron víctimas de desaparición forzada, y 1.092 permanecen sin paradero conocido. Más de 3.200 chilenos murieron a manos de agentes del Estado.
La futura ley se complementa con el Plan Nacional de Búsqueda de Detenidos Desaparecidos, implementado por Boric en noviembre de 2023, que busca hacer del Estado responsable de la búsqueda de estas personas y garantizar medidas de reparación y no repetición. Las autoridades y familiares buscan que esta política sea permanente y no dependa del gobierno de turno.
El plan incluye diligencias en cementerios de al menos ocho regiones y otros lugares de interés, como la Escuela de Suboficiales del Ejército, Colonia Dignidad y Cerro Chena, con más de 100 intervenciones que incluyen excavaciones, entrevistas, acompañamiento a familiares y revisión de archivos y peritajes forenses.
Claudio Nash, coordinador de la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, señaló que el contexto electoral actual, con candidatos que defienden el modelo de la dictadura, exige ajustes urgentes para garantizar la continuidad, independencia y efectividad del plan.
