El vocero presidencial cuestionó el modo en que se comunica el reclamo de las universidades públicas, mientras el Gobierno mantiene una disputa judicial por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. A dos días de la quinta Marcha Federal Universitaria, persisten las diferencias por los salarios, el presupuesto y la respuesta oficial a las demandas del sector.
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Ravier le pidió “una mano al periodismo” en medio del conflicto por el financiamiento universitario.
El vocero presidencial Adrián Ravier pidió “una mano al periodismo” al referirse al conflicto con las universidades públicas y cuestionó que se presente al Gobierno como contrario a la educación superior y al cumplimiento de la ley. En sus declaraciones, sostuvo que ese tipo de mensajes genera malestar social.
“Si se le dice a la gente que este gobierno está en contra de las universidades públicas, que las va a cerrar, que no les vamos a dar el financiamiento que marca la ley, que estamos incumpliendo la ley, la gente se enoja”, afirmó.
El planteo se produjo a dos días de la V Marcha Federal Universitaria, convocada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para exigir la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso y respaldada por decisiones judiciales en el marco de distintas medidas cautelares.
La controversia expone dos versiones contrapuestas: mientras el Gobierno destaca los aumentos salariales que dispuso, las autoridades universitarias y los gremios denuncian que los recursos asignados no alcanzan para sostener el funcionamiento de las instituciones ni recuperar los ingresos del personal.
La disputa salarial y el fallo judicial
Ravier defendió la política salarial del Ejecutivo y mencionó incrementos del 24% y del 3%, además de reuniones con los gremios encabezadas por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. Sin embargo, los sindicatos cuestionaron que el último aumento del 3% fuera dispuesto unilateralmente y sostuvieron que se necesita una recomposición del 33% para recuperar los salarios.
En paralelo, el conflicto sumó un nuevo capítulo judicial. El juez federal Martín Cormick declaró inconstitucional la cláusula del Decreto 759/2025 que condicionaba la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y ordenó su cumplimiento inmediato. El Gobierno apeló la decisión, pero la apelación no suspendió la cautelar vigente sobre salarios y becas.
Anselmo Torres, rector de la Universidad Nacional de Río Negro y vicepresidente del CIN, recordó que la norma fue aprobada por el Congreso en cinco oportunidades y que logró superar el veto presidencial con una mayoría agravada. También cuestionó que el Ejecutivo continúe recurriendo a la Justicia para demorar su implementación.
La protesta en el Palacio Pizzurno
El vocero también se refirió a las imágenes de una protesta estudiantil en el Palacio Pizzurno, sede de la Secretaría de Educación. Según su versión, hubo personas que ingresaron violentamente y provocaron daños en el edificio.
La cobertura de los hechos, sin embargo, describió la manifestación como una sentada pacífica en reclamo de una reunión con el secretario de Educación, Carlos Horacio Torrendell. La protesta terminó con una intervención policial y el anuncio de posibles denuncias penales por parte del Ministerio de Capital Humano.
La diferencia entre ambas descripciones no es menor: el modo en que se caracteriza una protesta influye en la percepción pública del reclamo y en la legitimidad que se atribuye a la respuesta estatal.
Un presupuesto por debajo del reclamo universitario
Las diferencias también se reflejan en la discusión por el Presupuesto 2027. La propuesta del Gobierno contempla unos 7,3 billones de pesos para las universidades, mientras que los rectores solicitaron 11 billones para sostener las funciones esenciales del sistema.
La brecha presupuestaria constituye uno de los ejes centrales del conflicto y anticipa nuevas tensiones entre el Ejecutivo y las instituciones de educación superior.
La convocatoria a la quinta Marcha Federal Universitaria vuelve a poner en primer plano una disputa que excede los aumentos salariales: enfrenta la política presupuestaria del Gobierno con una ley sancionada por el Congreso y respaldada por la Justicia. En ese escenario, el pedido de Ravier al periodismo abre otro interrogante: si el objetivo es corregir información falsa o instalar una interpretación oficial sobre un conflicto cuyos fundamentos legales, presupuestarios y salariales siguen en discusión.
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