A cuatro años del intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner, ocurrido el 1° de septiembre de 2022, dirigentes de distintos espacios políticos difundieron una declaración conjunta bajo una premisa central: la democracia no puede aceptar la eliminación física ni política del adversario.
El documento sostiene que el atentado no debe analizarse como un hecho aislado, sino en relación con el clima de confrontación política, mediática y judicial que atravesaba al país. Los firmantes cuestionan la expansión de discursos de odio, campañas de estigmatización, desinformación y violencia política que, según plantean, contribuyeron a deteriorar la convivencia democrática.
Uno de los principales ejes del pronunciamiento apunta contra la denominada “antipolítica”. Los dirigentes consideran que la deslegitimación sistemática de la actividad política, la transformación del adversario en enemigo y la utilización de la deshumanización como herramienta de confrontación pueden generar condiciones en las que la violencia termina siendo naturalizada.
El texto también incorpora una crítica al llamado lawfare, entendido por sus firmantes como la utilización coordinada de herramientas judiciales, políticas y comunicacionales para perseguir o excluir dirigentes de la competencia democrática. En esa línea, advierten que la combinación de operaciones mediáticas, campañas digitales y acciones judiciales puede construir un escenario donde la eliminación simbólica del adversario termine habilitando formas de violencia física.
Los firmantes remarcan que el atentado contra la entonces vicepresidenta representó un límite que la democracia argentina estuvo a punto de atravesar. Por eso sostienen que su aniversario no constituye solamente una fecha vinculada al peronismo, sino un acontecimiento que interpela al conjunto del sistema democrático.
El pronunciamiento establece como principio básico que las diferencias políticas deben resolverse mediante ideas, argumentos, organización y votos, sin convertir la actividad política en una amenaza para la libertad, la integridad o la vida de quienes participan de ella.
La declaración también vincula esta reflexión con el 50° aniversario del golpe de Estado de 1976. Sin establecer equivalencias entre ambos períodos históricos, los dirigentes reivindican como aprendizaje democrático que los conflictos políticos deben canalizarse mediante las instituciones y no mediante la persecución o la violencia.
En un contexto de creciente polarización, el planteo apunta a recuperar la legitimidad del adversario político: confrontar proyectos sin deshumanizar, aceptar las derrotas electorales y entender que ninguna diferencia ideológica justifica la violencia.
El documento concluye con una reivindicación de la política como herramienta democrática y con un llamado a defender la palabra frente a la violencia, el debate frente a la estigmatización y la participación frente a la antipolítica.
La consigna final sintetiza el sentido del pronunciamiento: “Nunca más la eliminación del adversario. Nunca más la violencia política. Más democracia. Más participación. Más política”.
La declaración fue suscripta por dirigentes y espacios como el Partido Justicialista, Frente Renovador, Encuentro Republicano Federal, Nuevo Encuentro, Principios y Valores, Movimiento Nacional Alfonsinista, Patria Grande, Frente Amplio por la Democracia, Radicalismo Auténtico, Kolina, Frente Grande, La Patria de los Comunes, Partido Solidario, Unidad Socialista, Unidad Popular, Forja, Partido de la Victoria, Partido Comunista, Libres del Sur y otras organizaciones políticas.
