La Asamblea Nacional de Venezuela sancionó por unanimidad una norma que abarca hechos vinculados a crisis políticas entre 2002 y 2025. La ley excluye delitos graves y ya fue promulgada por Delcy Rodríguez.
La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó de manera unánime una ley de amnistía destinada a personas condenadas por hechos relacionados con distintos episodios de conflictividad política registrados entre 2002 y 2025. La normativa excluye expresamente a quienes hayan participado en acciones armadas o de fuerza contra la población, la soberanía o la integridad territorial del país.
El texto también deja fuera de su alcance los delitos vinculados con violaciones graves a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, homicidio intencional, lesiones gravísimas, narcotráfico y hechos contemplados en la legislación anticorrupción.
Asimismo, establece que no podrán beneficiarse quienes hayan promovido, financiado o participado en acciones armadas con intervención de Estados, corporaciones o personas extranjeras.
La amnistía alcanza hechos ocurridos durante el intento de golpe de Estado contra Hugo Chávez en abril de 2002, el paro petrolero de 2002-2003 y las protestas antigubernamentales registradas en 2013, 2017 y 2024, entre otros episodios.
El Parlamento dispuso además la creación de una comisión especial integrada por 23 diputados —oficialistas y opositores— encargada de implementar los mecanismos de aplicación. La ley fue remitida a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, para su firma y publicación en la Gaceta Oficial.
El artículo 7 establece que las personas interesadas deberán presentarse ante los tribunales para solicitar el beneficio, pudiendo hacerlo a través de un representante legal si se encuentran fuera del país. En tanto, el artículo 11 indica que el tribunal competente deberá verificar las condiciones en cada caso y declarar la nulidad de procesos en curso o revisar sentencias firmes mediante una “sentencia de reemplazo” en un plazo que no podrá exceder los 15 días continuos.
La legislación también aclara que quienes cometan delitos con posterioridad a su entrada en vigencia serán juzgados conforme a la normativa penal ordinaria.
Pedido de celeridad
Tras recibir a la comisión de seguimiento en el Palacio de Miraflores, Delcy Rodríguez solicitó “máxima celeridad” en la aplicación de la norma. En el encuentro participaron el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, y el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.
Rodríguez firmó la ley para su promulgación y llamó a evaluar casos que eventualmente no estén contemplados en el texto, con el objetivo de “reencauzar la convivencia democrática”.
Por su parte, Jorge Rodríguez remarcó durante la sesión que la amnistía implica un perdón sobre determinados delitos y sostuvo que no debe interpretarse como un aval a la impunidad.
Primeras liberaciones
Tras la sanción de la norma, comenzaron a registrarse liberaciones. Entre ellas, la del dirigente opositor Juan Pablo Guanipa, quien confirmó su salida en redes sociales y cuestionó el alcance de la ley.
Guanipa, colaborador de María Corina Machado, afirmó que el instrumento legal excluye a personas que permanecen detenidas y sostuvo que persisten prácticas represivas en el país.
